Las acciones que los gobiernos Estatal y municipal hacen para garantizar los derechos y libertades de las mujeres en Veracruz van lentas pero avanzando, consideró Minerva Cobos presidenta del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género y presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres.
En entrevista, lamentó que el Congreso del Estado no haya cumplido en garantizar el derecho que tienen las mujeres a poder determinar y decidir sobre su cuerpo, por lo que existe un retraso por parte de los legisladores locales quienes no están legislando atendiendo las necesidades sociales, sino únicamente trabajan en favor de su partido político.
“En el siglo XXI y en el año 2018, seguimos las mujeres pidiendo igualdad porque hemos tenido un retraso histórico y esto provoca que los estados se resistan ante el desconocimiento e ignorancia y la culpa es del estado mexicano que retrasó y no cumplió con las convenciones contra la eliminación de la violencia a las mujeres”.
Aunque el Estado de México es el que tiene el primer lugar nacional en número de feminicidios, en Veracruz y otras entidades de la República la cifra de mujeres asesinadas sigue subiendo constantemente, por lo que invitó a la sociedad a entablar acciones de prevención.
“Nosotros ayer en el Puerto de Veracruz firmamos un convenio de colaboración con la Asociación de Hoteles y Moteles precisamente interesados en cumplir estas medidas de prevención porque reconocen que el personal no sabe qué hacer ante una situación de violencia, entonces primero identificar cuando hay violencia y qué hacer; de ninguna manera se trata de sustituir a la autoridad, pero sí como una medida de prevención”.
Por otro lado, al cuestionarle sobre las declaraciones del Secretario de Sedesol José Rodrigo Marín Franco, quien llamó mitotera a la diputada federal Rocío Nahle García, comentó que no se puede generalizar que haya sido el Gobierno del estado en su conjunto quien haya hecho esta expresión, pues se tienen perfectamente identificada la persona que lo hizo.
“Aquí se debe de atribuir una conducta y una responsabilidad a las partes involucradas, él no tiene ninguna facultad ni justificación y la diputada está en todo su derecho de exigir y demandar”, concluyó.
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