Luege Tamargo lanza injurias y acusaciones
mendaces a falta de mejores recursos para su campaña electorera
Aquiles Córdova Morán
Van cuatro artículos al hilo en que José
Luis Luege Tamargo, ex director de CONAGUA en el gobierno de Felipe Calderón,
se lanza en contra del Movimiento Antorchista Nacional al que injuria y
calumnia sin pruebas y sin recato, tal como hacen siempre los que se saben
impunes. Obligado por el último de dichos artículos en que vuelve a repetir su
acusación de “un fraude descomunal” maquinado por SEGOB para «regalar»
(ignoramos el por qué de las comillas) 200 hectáreas a los líderes de Antorcha
Campesina, me ocuparé, muy a mi pesar, sobre todo del primero de dichos
libelos, porque en él se contiene casi todo el meollo del discurso incriminatorio
de Luege.
Dice textualmente Luege: “Ahora nos
enteramos que, sin motivo ni justificación alguna, la SEGOB promueve un
convenio para «donar» (¿) 200 hectáreas de la Zona Federal del Lago de Texcoco
(ZFLT) al municipio de Chimalhuacán para la construcción de un parque
industrial”. Hago notar, de paso, que Luege afirma, primero, que la “donación”
no tiene motivo ni justificación alguna, y palabras adelante dice que es “para
la construcción de un parque industrial”; es decir, que la “donación” sí tiene
un motivo, aunque éste no le guste a Luege o dude de su autenticidad, que ese
es otro problema. Párrafos adelante reitera: “…las 200 hectáreas que se
pretenden «donar» a Chimalhuacán están exactamente en los terrenos donde se
proyectan estas lagunas de regulación.” Más adelante aclararé de qué lagunas se
trata; aquí solo me interesa destacar que, en ambas fórmulas acusatorias, Luege
dice textualmente que la donación, cierta o falsa, es al municipio de
Chimalhuacán y no a Antorcha Campesina o a sus líderes. Y sin embargo, dando un
salto lógico que pone en duda la salud mental de este señor, dice casi a
renglón seguido: “La noticia de esta «donación» se dio en medios nacionales con
el argumento de que el proyecto sería de beneficio para la economía del
Municipio, cuando en realidad se trata de una maniobra del Gobierno del Estado
de México, con la SEGOB y líderes de Antorcha Campesina.” ¿Así nomás? ¿Y de
dónde saca Luege esa información y la “realidad” de la misma que asegura?
¿Tiene acaso dotes de adivino o de vidente? Y si es así, ¿por qué no se dedica
a explotar dichas dotes mejor que a calumniar a sus conciudadanos?
Pero las contradicciones y los absurdos no
terminan ahí, pues renglones más abajo Luege nos regala otra perla: “Es
evidente que la operación anunciada no se trata (sic) de una donación ni al
Municipio ni a la organización de Antorcha Campesina, sino de un negocio muy
jugoso.” ¿En qué quedamos, por fin? ¿Es o no es una «donación», sea quien fuere
el beneficiario de la misma? ¿Quién es aquí el verdadero sospechoso, el
acusador o los acusados? Disparates aparte, es obvio que Luege acusa a los
“líderes de Antorcha Campesina” de estar a punto de recibir, de manera gratuita
e ilegal, 200 hectáreas de terrenos nacionales para llevar a cabo, nosotros o
un tercero oculto detrás de nosotros, un “jugoso negocio” con la reventa de
esas hectáreas a precio de oro. Y es esto parte sustancial de lo que quiero
aclarar. Desde el año 2007, siendo Presidente Municipal de Chimalhuacán el Ing.
Marco Antonio Lázaro Cano y Gobernador del Estado de México el Lic. Peña Nieto,
los pobladores del municipio, naturalmente encabezados por sus representantes
legales, iniciaron la gestión para obtener la cesión de 800 hectáreas de los
llamados Tlateles, tierras salitrosas y áridas que estaban en posesión de los
comuneros chimalhuacanos, con el propósito de crear un gran desarrollo
industrial que diera empleo y mejores salarios a los miles de pobres y
desocupados del Municipio. El Gobierno estatal respondió que no podía comprometer
una respuesta precisa sin antes efectuar estudios rigurosos sobre el impacto
económico, social y ambiental del proyecto. Y pidió tiempo para ello. Pasaron
así casi cinco años durante los cuales la gente, lejos de desanimarse y
renunciar a su demanda, intensificó la lucha por la misma, a pesar de lo cual
el Gobierno no cedió. No fue sino hasta que el proyecto del nuevo aeropuerto
(NAICM) estuvo afinado y listo para su ejecución, que sus promotores vieron el
problema social que representaban los comuneros, que no solo alegaban legítima
posesión sino también propiedad de una buena parte de los terrenos del nuevo
aeropuerto; y fue entonces y por eso que recurrieron al ayuntamiento de
Chimalhuacán como la única instancia capaz de convencer a los comuneros para
que aceptaran una indemnización por las tierras, a cambio de dar luz verde al
proyecto industrial que tenían congelado.
Pero ni siquiera entonces las cosas
fluyeron satisfactoriamente: pre proyectos y proyectos definitivos que no lo
eran, fueron y vinieron hasta que, al fin, de las 800 hectáreas originalmente
solicitadas, se aprobaron las modestas 200 que escandalizan a Luege Tamargo. El
CERAO (siglas del proyecto mencionado) no es, pues, fruto de la “promoción” de
SEGOB sino de la lucha del pueblo chimalhuacano, que incluye a antorchistas y
no antorchistas. Ítem más: Las 200 hectáreas aprobadas están divididas en tres
partes: 30 serán entregadas al municipio para una unidad deportiva, 20 al
Gobierno estatal para erigir una universidad tecnológica, y las 150 restantes
serán entregadas a una empresa paramunicipal mayoritaria, creada ad hoc de
acuerdo con la legislación aplicable al caso. Por definición, pues, como reza
el título, la mayoría de las acciones (60% en este caso) quedarán en poder del
municipio, y el resto se repartirá entre tres pequeñas empresas a cambio de su
compromiso de colaborar para el éxito del proyecto, cuyo cumplimiento estará
estrictamente controlado y supervisado. Por tanto, ¿dónde entran aquí los
líderes de Antorcha Campesina? ¿Cómo harán para adueñarse de un proyecto
perfectamente blindado por las autoridades y por la legislación vigente, como
acusa falsamente Luege? Es verdad que los terrenos industriales deberán
rentarse o enajenarse, pero esto es así por necesidad y no por negocio. Así
ocurre en todo el país y en el mundo; de lo contrario nadie querrá invertir en
Chimalhuacán. Si Luege conoce un camino mejor, que lo diga y que deje de andar
calumniando y obstaculizando el desarrollo social de los chimalhuacanos.
Luege recuerda que cuando el presidente
Peña Nieto presentó el proyecto del nuevo aeropuerto, ofreció construir “una
serie de lagunas de regulación que, además de proteger las instalaciones del
aeropuerto, garantizarán la seguridad de miles de familias del oriente de la
ciudad”. Sobre esta base, afirma que “las 200 hectáreas que se pretenden donar
a Chimalhuacán están exactamente en los terrenos donde se proyectan estás
lagunas de regulación” y, a reglón seguido, pregunta: “Entonces, ¿se van a
construir las lagunas? ¿El proyecto del NAICM que presentó el presidente Peña
se llevará a cabo? ¿Se dejará sin protección contra inundaciones a todo el
oriente del Valle de México?” Y más abajo afirma tajante: “Ahora resulta que ni
parque ecológico, ni lagunas de regulación, ni zona de protección ni nada. El
gobierno federal, violando toda la normatividad, pretende “obsequiarlo” a esos
líderes corruptos que obligan a sus socios a encuerarse en la vía pública”. Es
una absurda mentira que las 200 hectáreas del CERAO se ubiquen “exactamente”
donde irían las lagunas de regulación; y más torpe aún es asegurar que, por
culpa del CERAO no habrá “ni parque ecológico, ni lagunas de regulación, ni
zona de protección ni nada”. Cualquiera que se tome la molestia de echarle un
vistazo al proyecto hidráulico del NAICM, verá fácilmente que las lagunas
proyectadas y el CERAO no se interfieren en absoluto, y que de siete lagunas
que hay en la actualidad, incluido el Lago Nabor Carrillo, con 13
millones de metros cúbicos de agua en total, se proyecta pasar a nueve
lagunas con 38.2 millones de metros cúbicos, es decir, 25.2 millones más que lo
que se tiene en la actualidad. El proyecto precisa, además, que el Lago Nabor
Carrillo mantendrá su función anterior con un tirante ecológico permanente, a
diferencia de lo que sostiene Luege al respecto. Y una última enorme mentira es
atribuir todos estos cambios al CERAO y no, como es lo cierto, a las
necesidades del NAICM.
¿Cómo entender los absurdos infundios de
Luege? Solo se me ocurre una explicación plausible: estamos ya, de hecho, en
tiempos electorales, y el grupo político de Luege aspira a ganar el Estado de
México para asegurar la Presidencia del país. Y en el Estado de México, el voto
antorchista será decisivo sin lugar a dudas, pésele a quien le pese. De ahí que
parece lógico que algunos grupos vean necesario y urgente deslavar nuestra
imagen y sembrar en los electores odio y rechazo a nuestro movimiento. De esa
manera esperan tal vez debilitar al candidato de nuestra preferencia, o, mejor
quizá, lograr que nadie vea redituable aliarse con un grupo de corruptos
chantajistas que le acarreará más desprestigio que votos. Luege acusa a SEGOB,
falsamente como hemos visto, de estar convertida en depredadora de los bienes
de la nación y de violar toda la normatividad vigente para favorecer a los
líderes de Antorcha. Si las instancias federales no se defienden de tales
canalladas teniendo todo para hacerlo, cabe preguntarse: ¿están de acuerdo con
Luege para debilitar y aislar a los antorchistas? ¿Cómo y entre quiénes se
están tejiendo las alianzas para los duros combates que se avecinan? La
respuesta se la dejamos al chapulín colorado.
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