La tauromaquia infantil es una de las peores formas de trabajo por lo que en Veracruz así como en el resto de país, se debe vigilar que esa situación no siga ocurriendo, así lo catalogó el comité de derechos de los niños de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La representante de la organización Militancia por la Paz, Xane Vázquez explicó que aunque en Veracruz existe una ley que prohíbe la entrada de los niños a las corridas de toros, ello no siempre se cumple, "Debo decir que en el estado siguen sucediendo cosas que se deben vigilar. Ha pasado en Xico, Tlacotalpan y Teocelo".
En entrevista durante el Tercer Congreso Internacional de Derechos de los Animales explicó que el estado es uno de los tres del país que tiene en su Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que en sus artículos 40 y 40 bis prohíbe la entrada a espectáculos con toros, a los niños.
"Lo dice específicamente; es decir, cualquier municipio que no esté dando cumplimiento a este artículo está violando la ley y por tanto es merecedor de sanciones".
Por ello, la tarea ahora es asegurarse de que los entes públicos que no lo hacen cumplan con la ley y obligarlos a ello, si es necesario, "El trabajo es vigilar que el ente público haga su trabajo. Nos corresponde a los ciudadanos vigilar que se haga. Las comisiones de derechos humanos actúan bajo dos preceptos: una queja, o ante un evento notoriamente público y es raro que actúe por una corrida de toros a la que entraron niños".
Agregó que le corresponde a los propios municipios imponer las sanciones si se demuestra que alguno de los servidores públicos violó los derechos de la niñez o no se respetó alguna reglamentación.
Las consecuencias pueden ir desde una suspensión hasta una multa o suspensión definitiva, ya que recordó que la ONU, el 8 de junio de 2015 le hizo una serie de observaciones a México entre las cuales insta al Estado mexicano a apartar a los niños de la violencia de los espectáculos taurinos, tanto como toreritos, como espectadores.
Por último señaló que "Estas observaciones son de obligatorio cumplimiento para el estado mexicano porque a raíz de la reforma a la Constitución en el 2011, todo tratado internacional que México haya firmado está elevado a rango constitucional, es decir, es obligatorio".
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