Continúa la represión política y administrativa del
gobierno de Yunes Linares
Juan
Carlos Fco. Espinosa
El primero de diciembre del 2016, Miguel
Ángel Yunes Linares, en su toma de protesta como gobernador del Estado, llamó a
los veracruzanos y a los grupos que integran la sociedad veracruzana a un
“Pacto Social de Unidad”, el objetivo de este dijo, superar los problemas que enfrentaba
el estado derivado del incumplimiento de compromisos y por la crisis financiera
de la entidad. Ahí mismo, destacó que el diálogo sería la vía para resolver la situación de Veracruz.
En este sentido, el Movimiento
Antorchista a través de su Comité Estatal, presentó al gobierno del estado un
pliego petitorio con las obras más prioritarias para varios pueblos y colonias
de distintos municipios de la entidad, algunas de ellas con avance
significativo en su construcción. El compromiso del Gobernador fue de revisar
los asuntos y analizar la disponibilidad económica del estado. De este tema
tiene claridad el secretario de gobierno, Rogelio Franco Castán, puesto que con
la secretaría a su cargo se han sostenido infinidad de reuniones, al igual que
con los distintos secretarios de despacho. Sin embargo, no ha habido respuesta
alguna.
Ante la nula solución, el antorchismo veracruzano,
haciendo uso del derecho a la libre manifestación, ha salido a las calles y
denunciado por todos los medios, la actitud del gobierno de Veracruz. Pero en
respuesta solo hemos recibido una serie de ataques, represión e intimidación en
contra de quienes integramos a esta organización.
Varios de ellos los hemos denunciado en su
momento, el más reciente, fue el robo cometido a la casa de estudiantes
“Salvador Díaz Mirón”, ubicado entre el fraccionamiento Lomas Verdes y Las
Fuentes, donde un sujeto entró al dormitorio de mujeres y sustrajo varios
celulares, curiosamente, en el dormitorio había algunas computadoras laptops y
sólo se llevaron celulares, por cierto, de bajo costo.
Este hecho creemos que se deriva de la
exigencia de que han venido haciendo los jóvenes al gobierno del estado para
que se resuelvan algunas demandas, entre ellas: subsidio en especie para la
casa de estudiantes, rehabilitación de los edificios, entre otras.
El otro hecho fue, el robo a uno de los
negocios de la organización, el “Super Mass”, ubicado en la colonia Fraternidad
de la Reserva El Tronconal. Hombres armados amagaron a la encargada del
negocio, donde robaron $9,800 pesos. Nuevamente se hace curioso que habiendo
computadoras y las cajas registradoras, no se hayan llevado el dinero de las
ventas del día.
Creemos que de estos nuevos ataques,
existe la mano de gente del gobierno del estado, quien está haciendo uso de la
delincuencia organizada para cometer este tipo de actos; los hechos se han
denunciado ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo, no se ha obtenido
respuesta ni avance de este, ni de las anteriores denuncias.
A once meses de la administración de Yunes
Linares, no se ha logrado el cambio que tanto pregonaba, a todo lo largo y ancho
del estado de Veracruz, la llamada alianza PAN-PRD, contrario a esto, se ha
incrementado el descontento social por la falta de obras y servicios, y peor
aún ante la exigencia de los distintos grupos sociales, se ha dejado ver a
todas luces la represión política.
Por un lado, se reprime políticamente a
quienes, en la desesperación de vivir en la marginación y pobreza; alzan la voz
pidiendo mejores condiciones de vida, exigiendo empleo, alimentación, atención
a la salud, educación y demás obras y acciones que por derecho los mexicanos
tenemos. El gobierno de Veracruz, lejos de atender las demandas sociales, se ha
concentrado en persecuciones políticas, dejando en el olvido la difícil
situación en la que viven los campesinos, colonos, estudiantes, obreros y demás
sectores de la entidad.
A la par de la represión política, Yunes
Linares, aplica represión administrativa, pues en lo que va de su gobierno no
se ven reflejados los recursos que los veracruzanos generamos a través de los
impuestos, en obras de desarrollo social; no hay apoyos a los pequeños
productores, y si los hay, es a base de marchas y plantones; no se impulsa el
empleo, acción que ha llevado a que más de 4 millones de veracruzanos no puedan
adquirir la canasta alimentaria, esto de acuerdo al último reporte emitido por
el CONEVAL e INEGI. Asimismo, de acuerdo a este mismo reporte, las carencias en
la población se incrementaron en términos de rezago educativo, acceso a
servicios básicos de vivienda y acceso a la alimentación. O sea, vamos de mal
en peor.
La mala política del gobierno lo ha
llevado a invertir recursos a rubros que no van a mejorar las condiciones de
vida de los veracruzanos, ahí está el ejemplo de los más de 700 millones de
pesos que se invertirán en la adquisición de 6 mil 476 cámaras de videovigilancia,
sin dejar pasar la adquisición de equipo y unidades que se han incorporado a
las fuerzas del orden. Qué objetivo tiene esta inversión, no sabemos si para la
seguridad o la represión de los veracruzanos.
Bien lo dice Martha Harnecker en una de
sus obras maestras “Qué es la sociedad”, el estado como un aparato especial de
represión, surge en el momento en que la sociedad comienza a dividirse en
grupos sociales con intereses antagónicos. Y en efecto, los intereses de los
pobres, de las clases trabajadoras se oponen a los intereses de la burguesía en
el poder, pues mientras unos luchamos por empleos, buenos salarios y mejores
condiciones de vida, los otros luchan por retener el poder y así acrecentar sus
riquezas a base de la explotación de los primeros.
Miguel Ángel Yunes Linares, con sus
acciones muestra su verdadero rostro e intención, que no es precisamente la de
gobernar para tratar de sacar adelante los problemas de los veracruzanos, muy
por el contrario, es el de un gobierno represor que busca satisfacer la
necesidad de poder, de él y de su clase política en Veracruz, a costa de que
los pobres se vuelvan más pobres.
