🚖 Taxistas de Veracruz exigen mesa de diálogo con la gobernadora ante crisis tarifaria y competencia de plataformas

Representantes de 45 organizaciones de transportistas solicitan regular aplicaciones digitales, actualizar la tarifa mínima a 45 pesos y destrabar trámites vehiculares estatales 📈

MARCO ANTONIO PALACIOS

Representantes de decenas de organizaciones de taxistas de diversas regiones de Veracruz urgieron a la gobernadora del estado a instalar una mesa de diálogo de manera inmediata. Los transportistas exigen una revisión profunda a las tarifas oficiales del servicio, frenar la operación de vehículos particulares mediante aplicaciones digitales y armonizar la legislación de movilidad local, argumentando que las condiciones operativas vigentes afectan críticamente el sustento de miles de familias.

Durante una conferencia de prensa conjunta, Pedro Fernández Fernández, presidente de la Alianza de Transportistas y Anexos de Veracruz, informó que esta iniciativa cuenta con el respaldo de aproximadamente 45 agrupaciones del sector. Las organizaciones buscan formalizar la entrega de un pliego petitorio al Gobierno del Estado para demandar el estricto respeto a la Ley 589 de Tránsito y Transporte, así como a las garantías constitucionales. Fernández detalló que la legislación vigente establece que las tarifas deben actualizarse mediante estudios técnicos y socioeconómicos, los cuales ya fueron presentados formalmente ante la autoridad estatal sin recibir respuesta ni resolución hasta la fecha.

La principal inconformidad del gremio se centra en la disparidad regulatoria frente a las empresas de tecnología de transporte. El líder transportista aclaró que los concesionarios no rechazan el uso de la tecnología, sino la falta de fiscalización sobre las unidades privadas:

"Nosotros no estamos en contra de las aplicaciones; estamos en contra de que unidades particulares brinden servicio público fuera de la ley", sentenció Fernández Fernández.

Asimismo, recordó que hace casi un año las autoridades firmaron una minuta de trabajo en la que se comprometieron a abordar este conflicto y a conformar un Comité Técnico del Transporte para dar voz al gremio en las reformas legislativas, una promesa que sigue pendiente de cumplimiento. A esto se suma un rezago de casi tres años en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en la entidad veracruzana.

Por su parte, Gustavo Hernández Pérez, representante de la Unión de Taxistas Libres del Puerto de Veracruz, expuso el impacto financiero directo que enfrentan debido a la presencia de plataformas como Uber y Didi. Según el dirigente, la competencia asimétrica ha provocado una caída de hasta el 40 por ciento en los ingresos de los taxistas tradicionales dentro de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Hernández Pérez enfatizó que, mientras los transportistas formales cumplen rigurosamente con el pago de concesiones, seguros especiales para pasajeros, licencias de conductor vigentes, revista vehicular y obligaciones fiscales, los vehículos particulares operan en la informalidad regulatoria.

Además, el representante denunció trabas administrativas locales, señalando que las oficinas de Hacienda del Estado en Veracruz permanecen cerradas para el trámite de placas de taxis desde noviembre de 2024, lo que ha obligado a los concesionarios a transitar indefinidamente con permisos provisionales de circulación.

Como propuesta para competir en igualdad de condiciones y elevar los estándares de seguridad, los transportistas plantearon al Estado el desarrollo de una aplicación móvil exclusiva para taxis concesionados que cuente con supervisión gubernamental. En el plano de los costos de operación, Víctor Herminio González Rivera, secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Veracruz (COEM), argumentó que las tarifas vigentes ya no son financieramente viables ante el incremento constante de insumos. González Rivera explicó que el alza en los precios del combustible, el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos, sumado al deterioro generalizado de las vialidades, hacen urgente un ajuste. De acuerdo con estudios realizados por el propio sector, proponen que la tarifa mínima base se sitúe entre los 45 y los 50 pesos, adaptándose de forma flexible a la geografía e infraestructura de cada municipio.

Los portavoces de las organizaciones concluyeron con un exhorto a la gobernadora del estado para consolidar una mesa de negociación tripartita que involucre a autoridades, concesionarios y usuarios, con el fin de consolidar tarifas equitativas, regular de manera efectiva el servicio de plataformas digitales y destrabar el rezago administrativo del transporte público veracruzano.