Daniel Díaz Cuevas, director general jurídico de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) adscrita a la Fiscalía General de la República, dio a conocer que durante los procesos electorales candidatos, candidatas y personas servidoras públicas no deben olvidar que los delitos electorales son dolosos, por lo que son castigados con amonestaciones económicas o la privación de la libertad.
En conferencia de prensa, indicó que este tipo de acciones son cometidas por quienes consideran que la ley no aplica o pueden evitar ser señalados; sin embargo, toda persona que se dedica a la política sabe de leyes pero es necesario que los funcionarios municipales conozcan aquellas acciones que pueden ser constitutivas de un delito electoral.
Comentó que, además de saber los protocolos para actuar y denunciar posibles actos de corrupción por los cuales los mismos funcionarios pueden ser denunciados, por lo que este viernes impartió una capacitación en la materia a 40 presidentes municipales de la región.
Señaló que la Fiscalía a la que pertenece y la cual está adscrita a la Fiscalía General de la República, lleva a cabo los procedimientos de vigilancia y sanción de este tipo de delitos, sobre todo cuando inician los procesos electorales.
Manifestó que, además de delitos comunes como el robo de urnas o no instalación de Mesas de Casilla, se identifican acciones relacionadas con obligar a los servidores públicos a participar en la promoción de un candidato con la consigna de mantener su trabajo.
“No se les puede obligar a hacer actividades con fines electorales. Todas las personas pueden estar cometiendo delitos electorales y la Fiscalía está comprometida con la prevención del delito electoral, existe cero tolerancia para los delitos electorales”, señaló.
Dicho ejercicio, que también será replicado en otros puntos de Veracruz, tiene como objetivo que los ediles se adentren a temas como el blindaje electoral, el uso de recursos lícitos en campañas políticas y la violencia política en razón de género.
Puntualizó que la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales que está adscrita a la Fiscalía General de la República únicamente atiende delitos electorales federales, pero el Estado debe investigar los delitos electorales del fuero común y nosotros los delitos electorales que pertenezcan al fuero federal.
“La ley contempla que si en algún momento existe una confusión de delitos va a prevalecer el delito federal y se tendrá que investigar, primero se debe pasar por la vía administrativa electoral, antes de la comisión de un delito, se debe analizar la vía electoral y se debe acudir al OPLE para la presentación de una queja por promoción personalizada, donde se determinará con una investigación si se están utilizando recursos públicos, tras ello, se iniciará un procedimiento electoral sancionador o ante la Fiscalía para que se realice la investigación”, comento.
Y es que de cara a las elecciones del 2024, Daniel Díaz señaló que el mensaje de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales es cero tolerancia a los delitos electorales, tanto del fuero federal y como del fuero común.
“El político o política, cuando asume un cargo de elección popular conoce o debe conocer la reglamentación electoral, la cual señala el tema penal y administrativo, tal vez no conocen los alcances, pero saben que llevarse una urna es un delito electoral, se debe tener bien claro que los delitos electorales son dolosos y, por tanto, se persiguen de oficio, es decir, no existe el perdón ante el Ministerio Público, sino que éste va a determinar si existe una acción penal”, comentó.
El especialista en la materia destacó que este tipo de acciones se pueden evitar en todos los niveles, teniendo conciencia de que se puede llegar a la cárcel en caso de cometerlos.
Finalmente dio a conocer que, “Aquel funcionario o presidente de Mesa de Casilla que no la instale sin una justificación legal está incurriendo en una falta administrativa o un delito electoral, entonces si los funcionarios conocen qué es un delito electoral y saben que se castigan con multa o privación de la libertad”.
