Veracruz -México

Desigualdad del marco normativo en materia de salud en Veracruz


Miriam Olalde
Xalapa Ver. 02/08/16
Integrantes de la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir aseguraron que evidentemente en el estado de Veracruz existe una aplicación desigual del marco normativo en materia de salud reproductiva de las mujeres al no garantizarse el acceso adecuado y efectivo a servicios especializados de salud reproductiva que incluye medidas de anticoncepción y de acceso efectivo a ILE a pesar de existir supuestos establecidos legalmente para ello.
En conferencia de prensa celebrada este martes por la mañana en conocido café de la calle Enríquez, al momento de hacer uso de la voz Mayanit Fernandez menciona que la realidad implica que en Veracruz al menos 31 mil 620 mujeres analmente van a interrumpir su embarazo o no de acuerdo, a quienes no se les garantiza que dicha interrupción se realiza en condiciones de seguridad para su salud y para su vida.
Enfatizó que siendo que las mujeres en mayor riesgo de ser criminalizadas he de tener que recurrir abortos clandestinos mal practicados son las indígenas adolescentes en situación de pobreza lo que les discrimina adicionalmente al género por clase origen étnico y edad, por lo que la reforma constitucional que adiciona un segundo párrafo al artículo cuarto enviada por el ejecutivo y aprobada por el congreso local es un postulado salas que desconoce los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos.
"Cuando los servicios de abortos son inaccesibles para las mujeres que lo necesitan o cuando las leyes de aborto son restrictivas como sucede ahora en Veracruz pueden ser responsables por la violacion de los derechos humanos de las mujeres la falta de acceso al aborto legal tiene un impacto negativo en el ejercicio de sus derechos y sus oportunidades de vida y futuro es inaceptable que no seas autoridades estén a favor de esto", explico.
Las activistas por los derechos de las mujeres puntualizaron diciendo que esta reforma aprobada además genera el riesgo de que se exacerbe la falta de implementación del marco normativo en materia de violencia y salud reproductiva de las mujeres generando una discriminación y riesgo de mayor criminalización para las mujeres.


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