La consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Julia Hernández García explicó que a partir de la notificación el área jurídica de la iglesia tendrá un plazo de 72 horas para poder presentar sus alegatos.
La consejera explicó que después de la sentencia del OPLE, en la que les dan vista, ellos deben iniciar una investigación de oficio, sin embargo, reconoció requieren analizar las pruebas que presentó el PRI, que derivaron en la sentencia de los magistrados.
En entrevista telefónica explicó que el órgano local investigará el caso y remitirá un informe a la Secretaría de Gobernación para que se termine si se hacen acreedores a alguna sanción.
Recordó que los jerarcas religiosos podrían ser apercibidos, amonestado o incluso, clausurado el local que su usa para practicar el culto religioso.
“El próximo lunes, a más tardar el martes, estaremos emplazando a los denunciados que son 10 personas, para que ellos contesten la demandan y se haga la audiencia de pruebas y alegatos, para presentar pruebas o rechazar lo que se considere. Y una vez que esté integrado el expediente, la autoridad, al igual que en otros expedientes deberá rendir un informe circunstanciado”.
Reconoció que los jerarcas podrán hacer valer el derecho de libertad de expresión, pero destacó que al estar dentro de una iglesia o a través de un comunicado, este va dirigido a los feligreses y tiene la envestidura de líderes religiosos.
“Ha habido casos, en 2011, en donde se dio un caso similar y en ese sentido sería caso de la Segob, determinar si hay sanción o no”.
Cuestionada si la multa sería de manera individual o en general a la iglesia, explicó que se tendrá que evaluar la gravedad de los actos que realizó cada uno de los involucrados en la denuncia.
Por último dio a conocer que será muy difícil poder acreditar que los sermones religiosos o los boletines tuvieron una trascendencia cuantitativa en la emisión de los votos el pasado 5 de junio, “no se puede medir el alcance de ese tipo de declaraciones”.
La consejera explicó que después de la sentencia del OPLE, en la que les dan vista, ellos deben iniciar una investigación de oficio, sin embargo, reconoció requieren analizar las pruebas que presentó el PRI, que derivaron en la sentencia de los magistrados.
En entrevista telefónica explicó que el órgano local investigará el caso y remitirá un informe a la Secretaría de Gobernación para que se termine si se hacen acreedores a alguna sanción.
Recordó que los jerarcas religiosos podrían ser apercibidos, amonestado o incluso, clausurado el local que su usa para practicar el culto religioso.
“El próximo lunes, a más tardar el martes, estaremos emplazando a los denunciados que son 10 personas, para que ellos contesten la demandan y se haga la audiencia de pruebas y alegatos, para presentar pruebas o rechazar lo que se considere. Y una vez que esté integrado el expediente, la autoridad, al igual que en otros expedientes deberá rendir un informe circunstanciado”.
Reconoció que los jerarcas podrán hacer valer el derecho de libertad de expresión, pero destacó que al estar dentro de una iglesia o a través de un comunicado, este va dirigido a los feligreses y tiene la envestidura de líderes religiosos.
“Ha habido casos, en 2011, en donde se dio un caso similar y en ese sentido sería caso de la Segob, determinar si hay sanción o no”.
Cuestionada si la multa sería de manera individual o en general a la iglesia, explicó que se tendrá que evaluar la gravedad de los actos que realizó cada uno de los involucrados en la denuncia.
Por último dio a conocer que será muy difícil poder acreditar que los sermones religiosos o los boletines tuvieron una trascendencia cuantitativa en la emisión de los votos el pasado 5 de junio, “no se puede medir el alcance de ese tipo de declaraciones”.
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