Jorge Morales Barradas acusa que comunidades han tenido que comprar sus propios transformadores ante la inacción de la empresa estatal, mientras avanza la ruta de trabajo con Conagua y el Gobierno del Estado 🤝🌡️
En un escenario donde la infraestructura eléctrica muestra un deterioro de hasta medio siglo, familias de diversas comunidades veracruzanas se han visto en la necesidad de costear con recursos propios la compra de transformadores para no quedarse a oscuras. Así lo denunció Jorge Morales Barradas, vocero del Movimiento de Lucha Social en favor de la Reclasificación de Tarifas Eléctricas, quien hizo un llamado firme a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que asuma su responsabilidad operativa y modernice una red de distribución que hoy resulta insuficiente para la demanda de la población.
El vocero detalló que este problema afecta a múltiples municipios de la entidad, donde equipos viejos colapsan sin que la empresa paraestatal brinde una respuesta oportuna. La inacción institucional ha llevado a los usuarios a organizarse para solventar un servicio que, por ley, le corresponde garantizar al Estado.
“Pasaron 8, 10, 15, 20 días, más de un méis y la Comisión Federal de Electricidad no acudió a cambiar el transformador; ellos tuvieron que comprarlo”, aseveró Morales Barradas al exponer el caso de Mozomboa, en el municipio de Actopan. Situaciones similares se replican en Úrsulo Galván, específicamente en la colonia Madero —donde los vecinos aportaron dinero para adquirir dos transformadores— y en la localidad de Chachalacas, donde la ciudadanía también ha tenido que poner de su bolsillo para mantener el suministro.
frente a estas deficiencias, la organización mantiene las negociaciones para lograr la reclasificación de las tarifas eléctricas en el estado, un reclamo social que suma más de 18 años. Tras una reciente reunión con la CFE, Morales Barradas calificó el encuentro como un paso importante, resaltando que el Gobierno del Estado ya no actúa solo como testigo, sino como un actor activo en la mesa de diálogo. Sin embargo, enfatizó que no firmará ningún documento que desproteja a las familias afiliadas: “No puedo yo firmar algo que comprometa o que no vaya en favor del pueblo”.
Un punto clave en las negociaciones es la realización de un estudio actualizado de condiciones climáticas y temperaturas, solicitado formalmente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde hace dos años. Contar con estos datos oficiales es el paso técnico indispensable para demostrar que el calor en la región justifica un ajuste a la baja en los cobros. En ese sentido, el dirigente consideró positivo que las autoridades estatales reconozcan públicamente la urgencia de este análisis técnico.
El movimiento social adelantó que buscará un diálogo con la Secretaría de Gobierno para pulir y fortalecer la minuta de trabajo antes de darle su firma definitiva. El pliego petitorio no solo abarca el ajuste tarifario, sino también la instalación de medidores, la regularización de contratos, la sustitución sistemática de transformadores obsoletos y la inversión real en las redes de distribución comunitarias.
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