Exigen la intervención directa del Gobierno Estatal para destrabar un acuerdo de mediación que supera los 50 millones de pesos, acumulando más de diez vueltas en el año sin respuesta 🏛️📜
Un grupo de expolicías y beneficiarios de recursos por concepto de reparación de daño alzaron la voz para denunciar el incumplimiento reiterado de un acuerdo de mediación firmado con las autoridades. A pesar de que existía el compromiso explícito de dispersar los recursos pendientes, unas 75 personas continúan congeladas en la lista de espera, víctimas de un burocratismo que, lejos de dar certidumbre, los obliga a dar vueltas constantes y a desgastar sus golpeados bolsillos en cada viaje.
El representante de los inconformes, Carlos Juárez Telles, fue contundente al exponer la dinámica de evasivas con la que tropiezan cada quince días. La justificación institucional para frenar el dinero ha sido que una parte de los fondos se regresó a las arcas públicas porque algunos beneficiarios no se presentaron a cobrar o fallecieron. Sin embargo, los extrabajadores recalcan que desde hace aproximadamente un mes se firmó un nuevo pacto para reponer la bolsa y saldar la deuda, acuerdo que hasta el día de hoy sigue archivado en los escritorios oficiales.
“Ya hemos venido más de 10 veces en lo que va de este año. Ya nos están chamaqueando. Vénganse para tal fecha y que ya está repuesto y no nos resuelve nada”, recriminó Juárez Telles durante el encuentro con medios.
El conflicto de fondo guarda un matiz legal y presupuestal de peso. La causa tiene su origen en la falsificación de cheques con firmas presuntamente ligadas a funcionarios públicos, una irregularidad que afectó directamente a las familias de los elementos. Aunque el grupo ha presentado reiteradamente la documentación requerida, respaldada con constancias de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, el proceso parece haber entrado en un bucle infinito donde en cada mesa de trabajo se les pide volver a entregar las mismas fotocopias y firmar listas que no conducen a ningún lado.
La situación económica de los afectados es crítica. Quienes logran cobrar reciben abonos de apenas 20 mil pesos, un monto que resulta insuficiente si se toma en cuenta que gran parte de ese dinero se evapora en pasajes y viáticos para acudir a las dependencias. Además, denuncian una clara inequidad en la dispersión, pues la repartición no se realiza de forma uniforme ni conforme al marco legal que, según sus estimaciones, exige un techo financiero global superior a los 50 millones de pesos, sumando proporcionales e intereses.
Las promesas de diálogo han ido venciendo una tras otra. Reuniones pactadas formalmente desde julio y reprogramadas para la primera semana de agosto terminaron en el olvido sin que nadie los llamara. Ante el agotamiento de la vía institucional y apoyados por la organización TABEN para cubrir sus traslados, los expolicías recalcaron que su intención no es reabrir el pleito en los tribunales, sino simplemente que se ejecute la mediación que la propia autoridad aceptó. De no haber un compromiso claro a la brevedad, advirtieron que incrementarán la presencia de manifestantes hasta lograr que su voz se escuche en las oficinas centrales del Ejecutivo.
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