Con cobertura en 27 estados, activistas advierten que la iniciativa federal atenta contra los avances locales al legalizar la muerte de animales sin hogar, en retiro o por causas sanitarias 📢🔴
Un frente común de activistas y defensoras del medio ambiente de diversas entidades del país encendió las alarmas frente al proyecto de Ley General de Bienestar y Protección de los Animales que se discute en el Congreso de la Unión. Los colectivos denuncian que, lejos de ser un instrumento de resguardo, la propuesta normativa incorpora mecanismos que permitirían el sacrificio selectivo y masivo como mecanismo primario de control poblacional y sanitario, lo que significaría un severo retroceso para los derechos de la fauna ya reconocidos en varias entidades federativas.
Durante un enlace simultáneo que conectó a delegaciones de todo México, Lourdes Jiménez, vocera del capítulo Veracruz de la Confederación por los Derechos Animales de México —organización que nuclea a más de 350 asociaciones en 27 estados—, fue contundente al analizar la redacción actual del dictamen. La activista expuso que la iniciativa comete el error sistemático de evadir las verdaderas políticas de protección para inclinarse por la vía de la erradicación rápida cuando los refugios o el Estado se ven rebasados en capacidad.
“Todo lo resuelve matando a los animales”, aseveró Jiménez, al ilustrar que la norma abriría la puerta para sacrificar desde ejemplares de compañía en situación de calle hasta fauna silvestre rescatada, como delfines, bajo el simple argumento de no contar con infraestructura o espacios disponibles para su reubicación.
El texto de la iniciativa plantea focos rojos en renglones clave que atentan contra la dignidad y salud pública. Uno de los apartados más cuestionados condiciona la adopción de animales que concluyeron su etapa de servicio —como los adiestrados por corporaciones de seguridad—, abriendo la puerta a su sacrificio tras expirar su “vida útil”. A esto se suma la figura de la “matanza zoosanitaria”, un término ambiguo que facultaría la eliminación de poblaciones ante sospechas o brotes de enfermedades, sin tipificar con precisión qué autoridades o bajo qué criterios técnicos y científicos se tomarían decisiones de tal magnitud.
La preocupación trasciende el ámbito doméstico. Al modificar el primer artículo de la Ley Federal de Sanidad Animal, la reforma excluiría de la cobertura sanitaria a múltiples especies para priorizar únicamente a aquellas destinadas al consumo humano y a la experimentación en laboratorios. Esta fragmentación, advierten los colectivos, rompería los esquemas de vigilancia epidemiológica que hoy ejecuta el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ante amenazas globales como el gusano barrenador, dejando en la indefensión a la fauna nativa y silvestre.
Para estados como Veracruz, el proyecto federal atenta directamente contra el principio de no regresividad. La legislación estatal ya cuenta con avances consolidados que prohíben explícitamente el maltrato, las matanzas arbitrarias y las redadas en vía pública. Por ello, la confederación recrimina que los legisladores redactaran el proyecto desde un escritorio en el centro del país sin haber consultado las normativas locales ni a los grupos de especialistas que operan en los municipios.
“Para hacer una ley general, lo que debe hacer es homologar lo que está pasando. Lo ideal aquí era que ellos hubieran revisado las leyes estatales y entonces sacar una ley general”, enfatizó la vocera.
Ante este panorama, la red de organizaciones exige retirar el dictamen actual e instalar de inmediato mesas de trabajo con legisladores, especialistas y activistas de municipios como Huatusco, Córdoba, Papantla y Xalapa. Hacen un llamado directo a la bancada veracruzana en la Cámara de Diputados y el Senado —con énfasis en legisladores como Javier Herrera— para defender las conquistas legales de la entidad. La consigna de la sociedad civil es clara: si el Congreso busca aprobar un marco normativo nacional, este debe elevar el estándar de protección en todo México y no convertirse en un instrumento que facilite la muerte de los animales.
“No queremos un manual para matar, queremos una ley que proteja a los animales”, concluyó Lourdes Jiménez, al confirmar que el gremio mantendrá las jornadas informativas y las manifestaciones en todo el territorio nacional hasta asegurar la modificación integral del proyecto.
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