Leticia Aguilar Jiménez, presidenta del tribunal, advirtió que gran parte de las sentencias contra exfuncionarios aún enfrentan juicios de amparo, por lo que no hay cifras definitivas de sanciones firmes rumbo al proceso electoral 🚨🏛️
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) enfrenta una intensa carga de trabajo en su intento por abatir el abultado rezago de expedientes heredados del extinto tribunal. La mayor presión operativa se concentra en la Sala Centro, con sede en Xalapa, debido a que en la capital converge el grueso de las dependencias del Poder Ejecutivo y organismos estatales.
Así lo dio a conocer la magistrada presidenta del organismo, Leticia Aguilar Jiménez, quien enfatizó que, si bien se han logrado avances sustanciales e inhabilitaciones a exservidores públicos, determinar cuántas sanciones se encuentran completamente firmes es un terreno delicado. Esto se debe a que la gran mayoría de las resoluciones emitidas por el Trijaev son impugnadas por los involucrados ante tribunales colegiados a través de juicios de amparo.
“Vamos trabajando en marchas forzadas desde que llegamos. Recibimos muchísimos expedientes del extinto tribunal”, explicó Aguilar Jiménez, detallando que la naturaleza misma de las controversias contra la administración pública hace que prácticamente todos los fallos sean recurridos en instancias federales.
En el terreno de las sanciones administrativas, la titular del Trijaev precisó que estos procedimientos corren por una vía totalmente independiente a las investigaciones penales a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE). Ejemplificó que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) puede promover denuncias penales por un lado y, al mismo tiempo, turnar al tribunal el expediente para deslindar faltas administrativas.
Respecto a los castigos impuestos, Aguilar Jiménez citó el caso reciente de un expediente de los años 2017-2018 perteneciente a un organismo municipal de agua, en el cual se dictaminó una inhabilitación de 10 años para un exfuncionario. Al respecto, aclaró que bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando se cometen faltas consideradas graves, el abanico de inhabilitación va de los 10 a los 20 años, por lo que una década representa apenas la sanción mínima aplicable.
Rumbo a las definiciones políticas del proceso electoral 2026-2027, la magistrada fue cautelosa al responder si existen exfuncionarios inhabilitados de forma definitiva para competir por cargos públicos. Reveló que la revisión alcanza desde expedientes iniciados en 2023 hasta casos emblemáticos del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, cuyos amparos apenas comenzaron a notificarse este año.
“Sería riesgoso que yo le diga que de este año ya hay algo firme, porque no es así. Casi todo se recurre, si no es que todo”, subrayó la juzgadora, argumentando que mientras un colegiado no resuelva el fondo del amparo, la resolución del Trijaev no puede catalogarse como ejecutoriada.
Más allá del ámbito disciplinario, las determinaciones del Trijaev involucran la potencial restitución de una importante bolsa de recursos públicos. Existen carpetas derivadas de la revisión de cuentas públicas de los ejercicios fiscalizables 2015, 2016 y 2017 cuyos montos observados van desde los 3 millones hasta los 100 millones de pesos.
“Son muchos millones, de verdad”, aseveró Aguilar Jiménez. En los casos donde la justicia federal ha comenzado a negar los amparos a los señalados, las sentencias quedan firmes y se convierten en créditos fiscales. A partir de ese momento, la ejecución del cobro pasa a manos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para la recuperación del dinero, mientras que la Contraloría General del Estado da seguimiento a los trámites disciplinarios.
Finalmente, la presidenta del Trijaev recordó que la labor del tribunal no se limita a grandes desfalcos ni a expedientes de exservidores públicos, sino que atiende de forma cotidiana a los ciudadanos que se sienten vulnerados por actos de autoridad. Un ejemplo constante son los juicios de nulidad promovidos contra multas de tránsito indebidas o cobros arbitrarios de grúas y corralones.
En estos casos, cuando el particular obtiene un fallo a favor, el tribunal ordena la devolución integra del dinero cobrado en exceso. Esta vertiente de justicia administrativa ha permitido a numerosos veracruzanos recuperaciones que van desde cobros menores por infracciones hasta montos de mayor escala, consolidando a las salas del Trijaev como una vía efectiva de defensa ciudadana frente a los abusos del poder público en todo el territorio estatal.
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