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Un juez ordenó el desalojo del inmueble en la calle Allende por falta de pago y destrozos; el arrendatario es sealado de querer despojarlas de su patrimonio 🏚️💔
Una mezcla de alivio y cansancio se sintió en la calle Allende. Tras ocho años y medio de una desgastante batalla en los tribunales, las hermanas Margarita y Yolanda Roa lograron recuperar las llaves de su patrimonio: una casona de alto valor arquitectónico, catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que les había sido retenida por su inquilino sin pagar renta y con modificaciones no autorizadas a la estructura original.
El desenlace de este calvario ocurrió mediante una orden de desalojo ordenada por la justicia estatal, que puso fin a la ocupación del arrendatario Miguel Enrique Ortiz Chalita. De acuerdo con el testimonio de las propietarias, el sujeto incumplió sistemáticamente el contrato al dejar de cubrir las mensualidades y comenzar a alterar la construcción histórica sin permiso alguno. "Rascó paredes. ¿Quién sabe qué hizo allá arriba?", relató una de las afectadas, quien recordó el temor constante que vivieron luego de que personas cercanas al propio inquilino les advirtieran sobre una presunta intención de despojarlas definitivamente de la propiedad.
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La retención del inmueble pegó de lleno en la estabilidad financiera y emocional de la familia. Para las hermanas, la renta representaba su principal fuente de sustento, por lo que vivir casi una década sin esos ingresos les generó una severa crisis. El impacto más duro lo sufrió una de las propietarias, quien a sus casi 84 años padeció un síncope cardíaco derivado del estrés del conflicto, lo que derivó en una cirugía de emergencia para colocarle un marcapasos. Los gastos médicos particulares tuvieron que cubrirse con préstamos: "Nosotros debemos por aquí, por allá y por allá, porque la vida y la salud son primero", expresaron con crudeza sobre las deudas contraídas.
En medio del trago amargo, las hermanas Roa hicieron un reconocimiento público a la actuación del juez Leopoldo Tosca Pistrán, cuya resolución permitió restituirles la posesión del bien. Señalaron que el fallo les permitió "recuperar la fe y la confianza en que sí se puede, si uno se conduce apegado a la letra de la ley", en un proceso donde el marco legal finalmente jugó a favor de las víctimas.
Aunque el operativo policial les devolvió la tranquilidad de volver a pisar su casa, el proceso legal no ha concluido. Las dueñas aclararon que la vía judicial continuará activa para demandar el pago de los más de ocho años de rentas vencidas, así como los costos del propio operativo de desalojo, los cuales tuvieron que desembolsar de su propio bolsillo. Mientras analizan el destino que le darán a la casona recuperada, las afectadas dejaron en claro que irán hasta las últimas consecuencias legales contra Ortiz Chalita —quien mantiene otros giros comerciales en la misma zona, como el establecimiento La Enamorada— para que responda por el boquete económico que les dejó.
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