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Exigen la intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle ante la salida de más de 120 trabajadores de confianza; denuncian vulneración a sus derechos laborales tras años de trabajo político y profesional 💼✊
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La Plaza Lerdo de la capital veracruzana se convirtió este viernes en el escenario donde afloró la molestia de un grupo de trabajadores de confianza y militantes del partido Morena. Con pancartas y consignas pacíficas, los manifestantes alzaron la voz para denunciar una ola de despidos al interior de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que, según sus estimaciones, ya rebasa a 120 empleados y amenaza con seguir escalando en los próximos días. La exigencia central es una sola: la apertura de un canal de diálogo y la intervención urgente de la gobernadora Rocío Nahle García.
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Encabezados por el abogado Miguel Ángel García Alarcón, también ex colaborador de la dependencia y militante del partido oficialista, el contingente expuso que la purga de personal afecta a perfiles que no solo caminaron las calles en la consolidación del proyecto político de transformación, sino que cuentan con la preparación profesional y técnica para desempeñar sus funciones en las distintas áreas operativas.
“Queremos hacer del conocimiento de nuestra compañera gobernadora sobre la situación que guarda actualmente la Secretaría de Educación. En este momento y en días posteriores se ha estado llevando a cabo el despido masivo, violentando los derechos laborales y humanos de decenas y decenas, por no decir quizás cientos, de compañeras y compañeros trabajadores miembros y militantes de Morena”, declaró García Alarcón durante la movilización.
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Los inconformes detallaron que las remociones han golpeado a departamentos clave de la dependencia, entre ellos la Dirección de Recursos Humanos, así como las áreas de Primaria Federal y Primaria Estatal. El representante señaló de forma directa que las instrucciones habrían salido del despacho de la subsecretaria Maritza Ramírez, por lo que hicieron un llamado explícito a la titular de la SEV, Raquel Bonilla, y a la propia jefa del Ejecutivo estatal para que pongan un freno a estas determinaciones.
Aclararon que la protesta no obedece a un intento por obtener privilegios ni cotos de poder por motivos partidistas. García Alarcón insistió en que los afectados —cuyos percepciones salariales oscilaban entre los 12 mil 300 y 16 mil pesos mensuales en plazas de analistas— cumplen rigurosamente con los requisitos académicos, al contar con licenciaturas en derecho, ingenierías y formación administrativa. "Los que hemos estado caminando, los que conocemos el terreno y los que estamos de frente a la gente somos nosotros. Muchas de las personas que están llegando ni siquiera caminaron media cuadra para poder contribuir al proyecto de transformación", recriminó.
Cuestionado sobre posibles señalamientos de irregularidades o favorecimientos en contrataciones previas, el abogado sugirió que, de existir pruebas sobre actos indebidos, se presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción, ofreciendo incluso acompañamiento legal. Los manifestantes advirtieron que mantendrán la resistencia pacífica en el centro de Xalapa e incrementarán la convocatoria en caso de no ser atendidos por representantes del Gobierno del Estado, aunque matizaron su postura reiterando su respaldo político a la mandataria estatal mientras solicitan su pronta ayuda.
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