Juan Carlos Aguilar López alerta que la abuela materna busca adjudicarse inmuebles en la colonia Revolución mediante un sospechoso pagaré por 1.5 millones de pesos ⚖️🏠
A casi tres años de la muerte de la madre de sus hijos, un padre de familia enfrenta un complejo entramado legal para defender el patrimonio de sus dos descendientes, entre ellos un joven de 25 años con discapacidad intelectual y una menor de solo 12 años. Se trata de Juan Carlos Aguilar López, quien acusó públicamente a su ex suegra de orquestar una estrategia para quitarles la propiedad que les pertenece por herencia.
La alarma se encendió el pasado 6 de agosto, cuando Aguilar López recibió una notificación por un presunto pagaré de un millón 500 mil pesos. El documento, de acuerdo con la notificación recibida, habría sido firmado por la difunta madre como aval apenas dos meses antes de su fallecimiento, ocurrido el 14 de octubre de 2023. “Se me hace algo ilógico que supuestamente pidió el millón 500 mil pesos dos meses antes de morir y que apenas lo presentaran”, cuestionó el afectado, al señalar que el cobro extemporáneo levanta serias sospechas de irregularidad.
Conflicto legal y supuesta maniobra por los bienes
La controversia va más allá de lo económico. El afectado, quien actúa como albacea de los bienes de sus hijos, explicó que ya ha sorteado disputas previas por la custodia de los menores y litigios vinculados al estado de interdicción de su hijo mayor. Según la versión del progenitor, el interés por la custodia buscaría en el fondo tomar el control directo sobre los inmuebles para venderlos posteriormente, algo que las autoridades judiciales no han concedido a la contraparte.
El centro de la disputa se ubica en un inmueble de la calle Valentín Canalizo número 7, en la colonia Revolución de la capital veracruzana. A la fecha, el padre reconoce que no tiene las escrituras en su poder ni claridad sobre la notaría donde se habrían realizado los trámites derivados del deceso de su expareja.
Sin respuesta expedita en la fiscalía
Ante lo que califica como un "despojo en puerta", Aguilar López acudió el pasado lunes a la Fiscalía para interponer la denuncia correspondiente, aunque acusó que las gestiones no avanzaron como esperaba, viéndose obligado a volver en busca de asesoría jurídica.
Frente a este escenario, decidió hacer público el caso para presionar a las instancias procuradoras de justicia. Su exigencia central es que se revise con lupa la autenticidad y el origen del pagaré por 1.5 millones de pesos, evitando así que una niña de 12 años y un adulto joven en condición de vulnerabilidad queden desprotegidos. “Hay todas las letras para un despojo. Vienen a quedarse con la propiedad que pertenece a una persona con discapacidad y a una niña”, concluyó.
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