Marco Antonio Palacios
Luis Antonio Burillo Arenas acusa a Roberto Isla Campuzano de incumplir el pago de 3.5 millones de pesos por una propiedad en Montemagno y haber ofrecido obra pública para saldar la deuda 🗣️🚨
En conferencia de prensa, Luis Antonio Burillo Arenas, en representación de su familia, denunció públicamente al alcalde constitucional de Jalcomulco, Roberto Isla Campuzano, por el presunto incumplimiento en el contrato de compraventa de un inmueble residencial, así como por tomar posesión del predio sin haberlo liquidado. Por estos hechos, la parte agraviada confirmó la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción por fraude y despojo, además de iniciar un proceso civil para rescindir el contrato.
El conflicto se remonta a octubre del año pasado, fecha en que ambas partes firmaron un contrato de promesa de compraventa por un valor acordado de 3.5 millones de pesos por una vivienda ubicada en la zona residencial de Las Cumbres, en Montemagno, Xalapa. Según lo establecido, el edil debía entregar un enganche de 1.5 millones de pesos y posterior a ello saldar el resto en dos pagos de un millón de pesos cada uno, programados para el 31 de diciembre y el 28 de febrero.
Sin embargo, el denunciante señaló que el presidente municipal únicamente entregó el monto del enganche —mismo que fue cubierto fuera del plazo fijado— y omitió por completo los dos pagos restantes. A pesar de este incumplimiento monetario y de no haber recibido autorización ni las llaves del inmueble, Isla Campuzano tomó posesión del lugar, inició trabajos de remodelación y permitió que terceros habitaran la vivienda. Burillo Arenas advirtió además sobre la posible utilización de recursos públicos en dichos trabajos de remodelación.
"En ningún momento nosotros acordamos entregarle las llaves antes de que liquidara la propiedad. Hoy ya está remodelando la casa e incluso nos informan que ya hay personas habitándola", declaró Burillo Arenas.
Propuesta ilícita y acciones legales
En un intento por resolver el adeudo, el edil habría sugerido liquidar el saldo pendiente mediante la asignación de obra pública en el municipio, planteamiento que fue rechazado tajantemente por la familia al considerarlo un acto flagrante de corrupción.
"¿Cómo voy a trabajar para pagarme mi propia casa? Yo no soy contratista del Ayuntamiento. Lo único que quiero es que se cumpla el trato que se hizo", cuestionó el afectado.
Ante la pérdida de la posesión de este patrimonio familiar y la falta de liquidez del comprador, los afectados decidieron llevar el caso a las instancias judiciales. Burillo Arenas precisó que corresponderá a la autoridad ministerial determinar la configuración de los delitos, confiando en que las investigaciones avancen sin favoritismos derivados del cargo público del acusado.
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