⚖️ Familiares de policías de Ixhuatlán detenidos bloquean la Coatzacoalcos-Villahermosa; acusan traslado ilegal a "La Toma"

Exigen el respeto al debido proceso de los cuatro uniformados vinculados al caso de la comunicadora Roxana Guzmán, mientras la defensa acusa opacidad y violación de derechos 🚔⚠️

Familiares de los cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste —incluido el comandante de la corporación— detenidos por su presunta relación en el caso de la reportera Roxana Guzmán, colapsaron la circulación de la carretera federal Coatzacoalcos - Villahermosa mediante un bloqueo. La movilización tuvo como objetivo exigir la liberación de los elementos y denunciar que, tras las audiencias iniciales, las autoridades estatales las mantuvieron bajo un escenario de desinformación total, incomunicación y un traslado que la defensa legal califica como ilegal hacia el penal de mediana seguridad de "La Toma", en el municipio de Amatlán de los Reyes.

Durante la protesta, Ana Marta Hernández, esposa de Juan Carlos Madrigal Durán —uno de los oficiales arrestados—, calificó las primeras horas del arresto como una "desaparición de facto", debido a que ninguna dependencia les notificó oficialmente el paradero de sus cónyuges. La manifestante expuso que los detenidos —entre los que también se encuentra el oficial Luis Enrique— permanecieron aislados sin que se les permitiera conocer su estado de salud, argumentando que son inocentes y que las instancias ministeriales carecen de pruebas científicas o de campo que sustenten las acusaciones, señalando incluso que ni siquiera se les practicaron exámenes toxicológicos básicos.

El conflicto legal escaló luego de concluir la audiencia inicial celebrada en el distrito de Coatzacoalcos, presidida por el juez Daniel Orlando García Paredes. Bajo el proceso penal 343/2026, el juzgador legalizó la detención e impuso la medida cautelar correspondiente. Acto seguido, la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó un fuerte dispositivo de seguridad para trasladar a los cuatro servidores públicos al Centro de Reinserción Social (Cereso) de "La Toma", en la región montañosa del estado, a pesar de que la defensa técnica de los policías ya había promovido un juicio de amparo para frenar dicho cambio de penal, acusando la ilegalidad del procedimiento.

El trasfondo de las detenciones se encuentra integrado en la carpeta de investigación F3/747/2026, radicada formalmente ante la Fiscalía Tercera de la Unidad Integral del XXI Distrito Judicial de Coatzacoalcos, bajo la conducción del fiscal Horacio César Hernández Tlazcalteco. Dicha indagatoria busca esclarecer la desaparición de la comunicadora Roxana Guzmán. No obstante, los familiares en el bloqueo rechazaron tajantemente las versiones difundidas en medios de comunicación locales y redes sociales que vinculan de manera directa a los gendarmes con el caso, sosteniendo que, de acuerdo con las revisiones de su propio abogado, no existen elementos jurídicos de vinculación directa que ameriten su reclusión.

La vocera de los inconformes relató que la captura de los oficiales presentó irregularidades operativas, detallando que mandos policiales concentraron a varios elementos de la corporación de Ixhuatlán del Sureste y seleccionaron únicamente a cuatro de ellos para ser trasladados, amagando en su momento con asegurar a más personal. Ante este panorama, hicieron un enérgico llamado a la gobernadora del estado para que intervenga de manera directa en el caso, asegurando que no se oponen al desarrollo de las investigaciones ministeriales sobre la desaparición de la reportera, pero condicionando el cese de los bloqueos carreteros a que se garantice de manera estricta el debido proceso penal.

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