🖤 Denuncian omisión de luto oficial por la Guardería ABC y exigen fin a la impunidad tras 17 años de la tragedia

🇲🇽 Activistas y colectivos ciudadanos acusan que edificios gubernamentales incumplen el decreto de izar la bandera a media asta este 5 de junio, reiterando las negligencias e influyentismo del caso

En el marco del Día de Luto Nacional por la tragedia de la Guardería ABC, ciudadanas y activistas se manifestaron públicamente para denunciar el sistemático incumplimiento gubernamental del decreto oficial que obliga a colocar las banderas a media asta cada 5 de junio. Durante el acto conmemorativo, las participantes recordaron las irregularidades y el influyentismo político que cobraron la vida de 49 menores y dejaron a 194 lesionados en Hermosillo, Sonora, exigiendo una justicia ejemplar que, a más de una década y media de los hechos, sigue sin consolidarse.

La protesta civil evidenció que, a pesar de existir un decreto presidencial emitido hace 17 años que reconoce formalmente la fecha como un día de duelo en todo el territorio mexicano, la disposición es ignorada por diversas sedes institucionales. Esta omisión fue calificada por las manifestantes como una falta de respeto a la memoria de las víctimas y un reflejo de la indolencia de las autoridades actuales ante los reclamos de las familias afectadas.

“Todas las banderas de los palacios de gobierno deben estar a media asta y aquí nunca la ponen. Ya hemos presentado el decreto en años anteriores y sigue sin cumplirse”, expresó con indignación una de las portavoces durante la intervención pública.

Integrantes de los colectivos ciudadanos, quienes han acompañado el caminar de las madres y los padres de las víctimas por más de 15 años, profundizaron en el contexto que originó el siniestro del 5 de junio de 2009. Señalaron de manera contundente que la estancia infantil operaba bajo graves deficiencias estructurales, compartiendo un muro con una bodega contigua de la Secretaría de Hacienda donde se originó el fuego. El humo y las llamas se propagaron con rapidez debido a las anomalías de construcción del inmueble adaptado, lo que imposibilitó una evacuación segura y rebasó de inmediato a los servicios de auxilio, obligando el traslado de los infantes heridos en patrullas y vehículos particulares.

Las activistas enfatizaron que estas condiciones de riesgo extremo fueron permitidas gracias a una red de protección política y relaciones de poder que operó bajo el gobierno federal del entonces presidente Felipe Calderón. De acuerdo con las denuncias presentadas en el acto, los propietarios de la guardería obtuvieron los permisos de funcionamiento sin cumplir con los requerimientos básicos de seguridad debido a que figuraban personas vinculadas directamente con familiares de funcionarios de alto nivel de aquella administración federal, un factor de influyentismo que, acusaron, blindó a los responsables con un manto de impunidad que perdura hasta el día de hoy.

Ante la falta de castigos ejemplares para los involucrados materiales y políticos, el bloque civil exigió la aplicación plena y estricta de la denominada Ley 5 de Junio en todo el país, argumentando que este doloroso episodio de la historia reciente evidenció la urgencia de reestructurar las políticas públicas de protección a la infancia. Subrayaron que el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar los derechos fundamentales de niñas y niños a la salud, la educación, la alimentación y el esparcimiento en entornos completamente seguros.

La jornada de protesta y memoria concluyó con una ceremonia solemne donde se realizó el pase de lista de los menores fallecidos, mencionando de forma explícita nombres como los de Ana Paula Acosta Jiménez y Andrea Nicole Figueroa Agüero. Entre consignas de justicia y rostros de indignación, las participantes clausuraron el acto advirtiendo que la exigencia de castigo para los culpables y la preservación de la memoria histórica no cesarán hasta que se erradiquen las prácticas de influyentismo que ponen en riesgo la vida de la niñez mexicana.

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