Representantes del gremio piden al Gobierno estatal piso parejo ante plataformas digitales, financiamiento para renovar unidades y freno al transporte irregular 🚘⚠️
Organizaciones de taxistas de diversas regiones del estado de Veracruz solicitaron formalmente a la gobernadora Rocío Nahle García ser integradas en las mesas de trabajo donde se estructurará la reforma a la Ley 589 de Transporte Público. La iniciativa busca regular el funcionamiento de aplicaciones digitales como Uber en la entidad, un tema crucial que mantiene en alerta a más de 120 mil concesionarios locales.
En conferencia de prensa, la secretaria general de la Unión de Taxistas del Estado de Veracruz (UTEP), Mara Cristina Viles Montiel, aclaró que la postura del sector no es de rechazo hacia las plataformas tecnológicas, sino en favor de una competencia justa. De acuerdo con la dirigencia, estas empresas deben operar exclusivamente con vehículos que dispongan de concesión oficial y asuman los mismos compromisos regulatorios que el gremio tradicional.
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La vocera enfatizó la disparidad de condiciones a la que se enfrentan en la actualidad respecto a los vehículos particulares. Explicó que los concesionarios cumplen con un abanico de obligaciones fiscales y operativas para circular dentro del marco legal, señalando que "los taxistas pagan seguros, derechos, verificaciones, reemplacamientos y otros requisitos legales", por lo que permitir el ingreso de unidades sin concesión resultaría completamente inequitativo para los trabajadores de la modalidad.
A la incertidumbre por la llegada de las aplicaciones se suma un rezago administrativo interno. Los líderes del sector revelaron que desde hace aproximadamente dos años no se emiten placas para las nuevas concesiones. Esta interrupción ha forzado a un número considerable de taxis a brindar servicio amparados únicamente por permisos temporales, un factor que genera constante desconfianza y confusión entre los usuarios.
Por otro lado, la directiva reconoció la urgencia de modernizar el parque vehicular en la entidad, aunque subrayó que la situación económica frena los esfuerzos individuales. Con precios de vehículos que rebasan los 500 mil pesos y enganches que oscilan entre los 70 y 80 mil pesos, el costo resulta inalcanzable para la mayoría. Ante esta realidad, plantearon al Gobierno del Estado la creación de un fideicomiso o esquema de financiamiento público que les otorgue facilidades crediticias para renovar sus unidades.
En búsqueda de acuerdos previos a la dictaminación de la ley, los dirigentes solicitaron mesas de diálogo directas con la Secretaría de Seguridad Pública, diputados locales y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista Hernández. No obstante, fijaron una postura firme: de aprobarse la reforma sin consulta previa o si se autoriza la prestación del servicio en autos particulares no concesionados, emprenderán manifestaciones masivas a lo largo del territorio veracruzano.
Como cierre, la representación taxista instó a las autoridades a intensificar los operativos de fiscalización para erradicar el transporte pirata y la presencia de unidades clonadas. Asimismo, reafirmaron el compromiso interno de concientizar a los conductores sobre el cobro de tarifas autorizadas y el ofrecimiento de un trato digno a la ciudadanía.
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