Nahle García respalda la revocación de mandato y urge su extensión a todos los cargos de seis años en Veracruz
Xalapa, Ver, 30 de septiembre de 2025 – La gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, respondió con apertura a las presiones de algunos legisladores locales que insisten en la implementación de la figura de revocación de mandato. En un mensaje claro y contundente, la mandataria estatal afirmó no tener inconveniente alguno con esta herramienta democrática, recordando que su trayectoria política se ha forjado exclusivamente a través del voto popular en las urnas, sin recurrir a mecanismos plurinominales.
Nahle García, quien asumió el cargo en junio de 2024 tras una victoria electoral en las elecciones del 2 de junio, enfatizó que la revocación de mandato debe aplicarse de manera equitativa a todos los puestos de elección popular con duración de seis años. "Yo no tengo ningún problema con eso", declaró, al tiempo que criticó la inacción del Congreso del Estado por no legislar al respecto, lo que interpretó como un intento de "protegerla" de forma innecesaria. En su visión, esta figura no solo debería limitarse al Ejecutivo estatal, sino extenderse a senadores y otros cargos similares, alineándose con el principio de rendición de cuentas que ha impulsado su mentor político, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
"Yo siempre he ido a la urna: en 2012, 2015, 2021 y 2024. Soy una democrática y he respetado siempre el veredicto de las urnas. En 2012 no me favoreció, pero no impugné ni nada. Al contrario, tuve un gran maestro que me formó políticamente: Andrés Manuel López Obrador", señaló Nahle durante una rueda de prensa, evocando su historial de candidaturas exitosas en el Senado y la Cámara de Diputados antes de llegar a la gubernatura.
Esta postura de la gobernadora se enmarca en un debate nacional sobre la revocación de mandato, una herramienta de democracia participativa que ha ganado terreno en México en los últimos años, pero cuya implementación a nivel estatal aún enfrenta resistencias. Para contextualizar, la revocación de mandato –también conocida como revocatoria de mandato o referéndum revocatorio– es un mecanismo legal mediante el cual los ciudadanos pueden decidir, mediante consulta popular, si un funcionario electo debe continuar en su cargo por pérdida de confianza o incumplimiento de compromisos. Su origen se remonta a tradiciones democráticas antiguas, como las prácticas atenienses del siglo V a.C., donde los ciudadanos podían destituir a magistrados por corrupción o negligencia. En América Latina, países como Venezuela (1999) y Bolivia (2008) la incorporaron en sus constituciones como parte de procesos de "refundación" política.
En México, esta figura cobró relevancia con la llegada al poder de Morena en 2018, impulsada por AMLO como un pilar de su "cuarta transformación". Su base legal federal se consolidó con la reforma constitucional del 20 de noviembre de 2019, que adicionó la fracción VII al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma establece la revocación como un derecho de participación ciudadana, aplicable al presidente de la República a partir de la mitad de su sexenio (es decir, en 2022 para AMLO). El primer ejercicio nacional se realizó el 10 de abril de 2022, con la pregunta: "¿Estás de acuerdo en que a la presidenta o presidente de la República se le revoque el mandato por pérdida de confianza o por incumplimiento de los compromisos que hizo al inicio de la gestión?". A pesar de una baja participación (17.74% del padrón electoral, por debajo del umbral del 40% requerido para su validez), el 97.7% de los votos emitidos favorecieron la continuidad de López Obrador, reafirmando su popularidad pero también exponiendo desafíos logísticos y de movilización.
A nivel estatal, la revocación de mandato no es uniforme. Algunos estados, como Baja California (desde 2019) y Ciudad de México (2021), ya la regulan en sus constituciones locales, permitiendo consultas para gobernadores y alcaldes. En Veracruz, sin embargo, la figura permanece en el limbo legislativo. La Constitución estatal, reformada en 2019 para incluir mecanismos de democracia directa, menciona la revocación en su artículo 38, pero requiere una ley secundaria para su operación, la cual no ha sido aprobada. Esta omisión ha generado críticas de opositores, quienes ven en ella una herramienta para cuestionar a autoridades como Nahle García, cuya administración ha enfrentado controversias por temas como la inseguridad y la gestión energética.
La gobernadora, ingeniera química de formación y exsecretaria de Energía federal (2018-2024), reiteró su compromiso con la transparencia: "Ese no es tema para mí. Debería aplicarse no solo a la gobernadora, sino a senadores que duran seis años. La presidenta está en revocación de mandato; los que duramos seis años, está bien. Ya el Congreso lo que decida, sin problema. Yo siempre voy a la urna, nunca he sido plurinominal". Con esta declaración, Nahle no solo desarma argumentos de sus críticos, sino que posiciona a Veracruz en el centro del debate nacional sobre accountability, recordando que su ascenso político –de diputada federal en 2018 a senadora y ahora gobernadora– ha sido validado por el electorado en cuatro contiendas consecutivas.
El llamado de Nahle García podría presionar al Congreso local, dominado por Morena y aliados, a avanzar en la legislación pendiente. Analistas como los del Wilson Center advierten que, si bien la revocación fortalece la democracia directa, su éxito depende de un diseño institucional claro para evitar abusos o boicots. En un país donde la desconfianza en las instituciones persiste, iniciativas como esta podrían revitalizar la participación ciudadana, siempre y cuando se superen los obstáculos de apatía y polarización vistos en 2022.
Por ahora, la gobernadora veracruzana envía un mensaje de congruencia: su carrera, moldeada por el "maestro directito" AMLO, se sustenta en las urnas, y está dispuesta a someterse nuevamente a ellas si así lo decide el pueblo. El balón, ahora, está en la cancha legislativa.

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