📜 El presidente de la Comisión Instructora, Facundo Fernández de la Cruz, aclara que el proceso se apega estrictamente a la ley y dependerá de las pruebas que aporte la defensa 🗳️
El presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado de Veracruz, Facundo Fernández de la Cruz, dio a conocer que este jueves se celebró la audiencia formal derivada de la denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado en contra del presidente municipal de Úrsulo Galván. El legislador señaló que el dictamen final sobre el caso podría quedar listo durante el mes de agosto, sujeto al desahogo de las etapas procesales y a la valoración técnica de los elementos presentados por las partes involucradas.
En entrevista con medios de comunicación, Fernández de la Cruz enfatizó que la comparecencia forma parte del procedimiento ordinario previsto en la legislación local, garantizando que la actuación del órgano parlamentario responderá con rigor al debido proceso y al marco normativo vigente.
"Hoy es la audiencia que se va a llevar a cabo aquí en el Congreso del Estado por el tema de la denuncia que la Fiscalía ha hecho al alcalde de Úrsulo Galván. Se va a llevar el procedimiento y nosotros estaremos en las etapas correspondientes; todo es conforme a la ley", sostuvo el diputado.
Respecto al derecho de audiencia, el legislador precisó que corresponderá a la defensa legal del edil presentar las pruebas y argumentos pertinentes para desestimar o responder a los sealamientos formulados por la representación social. Aclaró que la Comisión Instructora no opera bajo un plazo prefijado o rígido para emitir su fallo, ya que los tiempos dependen directamente de la complejidad de los elementos que se incorporen al expediente.
En este sentido, el titular de la comisión detalló la ruta crítica del procedimiento: una vez concluida formalmente la etapa de audiencias y desahogo de pruebas, la Comisión Instructora procederá a la elaboración del dictamen correspondiente, el cual será turnado al Pleno de la LXVI Legislatura para su discusión y, en su caso, votación. Añadió que, si en el análisis de las evidencias surge la necesidad de contar con mayor claridad, la comisión tiene la facultad de requerir información adicional a las partes antes de cerrar la instrucción.
Cuestionado sobre si el desahogo del trámite durante agosto derivará en una declaración de procedencia o desafuero, Fernández de la Cruz pidió cautela y rechazó anticipar un sentido en la resolución, reiterando que la labor legislativa no consiste en juzgar ni determinar responsabilidades penales.
"No puedo decir que sea el desafuero porque va a depender de los elementos que ellos aporten", puntualizó el diputado, al recordar que la función sustantiva de la Comisión Instructora se limita a ponderar la procedencia de la solicitud formulada por la Fiscalía frente a las pruebas de descargo ofrecidas por el imputado.
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