Saturdino Machucho Pérez presidente del Comisariado Ejidal ejido de Ángel R. Cañada antes el Mesón, dio a conocer que la manifestación se debe a un conflicto agrario desde hace aproximadamente 50 años, pero ha sido orquestado por las instituciones del sector agrario principalmente la SEDATU.
Entrevistado durante la manifestación señaló que, cuando se dio el acto de posesión, no la dieron como lo señalaba la resolución presidencial, se creó un conflicto interno y por la opacidad, la omisión y la corrupción de los tribunales agrarios se dio una sentencia mal, ya que ordenan la restitución de 77 hectáreas en territorio de un ejido lo cual no se puede hacer.
A pesar de que existe un avance sobre el cumplimiento de un juez de distrito aún así pretenden ejecutar una fracción de terreno ejidal donde hay un asentamiento humano de más de mil habitantes, lo que representa un conflicto social porque los habitantes no van a permitir que se ejecute dicha sentencia.
El ejido es su totalidad tiene mil 300 hectáreas de dotación y 240 de ampliación, por lo que quieren que no se ejecute la sentencia de desalojo o que se ejecute por el cumplimiento sustituto toda ves que se afectan viviendas, escuelas, iglesias y servicios públicos.
Comentó que la sentencia se dio el 13 de julio lío del 2002 y hasta la fecha no la han podido ejecutar, gracias a la resistencia de los habitantes, ya van más de 30 intentos de desalojo.
En huso de la voz Armando Azamar comentó que, son víctimas de supuesta corrupción por parte del funcionario del tribunal agrario 40 de San Andrés Tuxtla, pues tienen acuse de ser desalojados de “El Mezón”, un terreno de 75 hectáreas pobladas por más de mil 200 familias que llegaron a vivir ahí hace más de 30 años.
“Por tercera ocasión hemos sido ejecutados por el juez tercero del distrito 40, tenemos un plazo hasta el día 11 del mes, a las 8 va a ser la ejecución. Ya tenemos el acuse donde da la orden el juez de que Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal vayan con todo para desalojarnos”, comentó.
Por lo cual, solicitaron a las autoridades del Gobierno del Estado que intervengan ante el Tribunal Unitario Agrario, que determinó sacarlos del terreno.
“Solicitamos se otorgue una solución definitiva a la ejecución que tendremos el dia 11 de julio del presente, el cual hacemos responsable al Poder Judicial y al Juez Tercero de Distrito, a los cuales señalamos como responsables de lo que acontezca”, señaló.
En este sentido, advirtió que no abandonarán el lugar y que llegarán hasta las últimas consecuencias para defenderse.
Por último dio a conocer que,“No estamos dispuestos, vamos a pelear con palos, hachas, machetes, con lo que tengamos. De qué va a haber heridos, muertos, lo que salga, pero no nos vamos a salir”.
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