Si bien es cierto es obligación de los gobiernos el garantizar el respeto a los derechos humanos y, el artículo 1º. De la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece como propósito, “promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derec¬hos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, y promo¬ver el respeto de su dignidad inherente”; También es cierto que el gobierno no puede solo, requiere de la colaboración de la sociedad en general.
En este mismo sentido, la ley 822 para la integración de las personas con discapacidad en el Estado de Veracruz establece en su artículo 7 establece las atribuciones de los ayuntamientos en su inciso I. Desarrollar programas municipales de atención a personas con discapacidad, III. Expedir y reformar los ordenamientos municipales conducentes, a fin de lograr la eliminación de las barreras de acceso a que se refiere la Ley, IV atender, en términos de los convenios que suscriban con el Ejecutivo del Estado, instituciones públicas o privadas, las obligaciones en ellos contraídas; Así también, en su artículo 33 establece que el Estado y los Municipios podrán celebrar convenios con los sectores privado y social, a fin de: I. Fomentar la aportación de recursos materiales, humanos y financieros a las instituciones y organizaciones que atiendan a personas con discapacidad.
Lo anterior deja claro que la ley contempla la participación de instituciones públicas o privadas así como con al sector social, reconociendo la necesidad de involucrar a instituciones y organizaciones que coadyuvan al desarrollo y plena participación de las personas con discapacidad.
Por todo ello y por los años de experiencia que las asociaciones civiles integrantes de la RED tenemos trabajando en pro de la inclusión, la generación de oportunidades y el respeto a los derechos humanos de las Personas en Condición de Discapacidad (PCD), reiteramos al H. Ayuntamiento de Xalapa nuestro interés por sumar, por contribuir, por trabajar de manera colaborativa con ellos a fin de que nuestro municipio por una parte sea garante de los derechos humanos de tan importante sector de la población y por otra parte se convierta en referente estatal en inclusión y respeto a los derechos humanos de las PCD.
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