Propuesta Cívica revela que autoridades actúan como "bomberos" y minimizan las investigaciones al tratarlas como hechos aislados en el informe "Prohibido investigar" 📄⚠️
VERACRUZ, VER. — Ante la persistencia de agresiones, desapariciones y homicidios dirigidos a comunicadores en la entidad, especialistas de la organización Propuesta Cívica presentaron el informe “Prohibido investigar”, un expediente de 79 páginas donde denuncian fallas estructurales e impunidad por parte de los órganos encargados de procuración de justicia en el estado y a nivel federal.
El documento analiza las deficiencias metodológicas en las investigaciones relativas a los crímenes contra comunicadores vinculados al diario Notiver, entre los que destacan los casos de Milo Vela, Yolanda Ordaz, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez. Ingrid Midori Pérez Guzmán, coordinadora del área jurídica de Propuesta Cívica, y el abogado Carlos Domínguez explicaron que el principal error de la fiscalía ha sido clasificar los hechos como episodios aislados, ignorando las dinámicas de macrocriminalidad y las redes de poder compuestas por crimen organizado, corporativos y autoridades.
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“Lo que más falló es que todos estos acontecimientos se estudiaron aisladamente, cuando en Veracruz estaba desarrollándose un contexto de macrocriminalidad”, señalaron los defensores, al enfatizar que las autoridades frecuentemente han optado por revictimizar o criminalizar a los comunicadores al vincularlos con el crimen organizado como una vía para desviar las líneas de investigación.
Asimismo, la organización alertó que las amenazas previas hacia los periodistas han sido desatendidas de forma recurrente, desperdiciando la oportunidad de actuar de manera preventiva. “Las autoridades están actuando como bomberos: ya inició el incendio, en vez de prevenirlo”, puntualizaron los especialistas, señalando que agresiones recientes como el caso de Roxana, en Juchitán, demuestran la constante vulnerabilidad de quienes informan desde medios comunitarios o digitales.
En este panorama, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) fue calificada como una institución rebasada que requiere una urgente reestructuración e instrumentación de censos oficiales blindados para la medición objetiva del problema. Con un saldo acumulado de al menos 19 homicidios de periodistas documentados desde 2002 en Veracruz, Propuesta Cívica exigió el uso de herramientas de inteligencia estratégica que apunten hacia los autores intelectuales y no únicamente hacia la cadena material del delito.
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