El diputado Juan Enrique Santos Mendoza presentó al Pleno de la LXVI Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto que reformaría el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para establecer el derecho de toda persona a la movilidad y seguridad vial, en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
En su participaron en Tribuna, el legislador recordó que el pasado 17 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, norma que busca garantizar el derecho a todas las personas a poder trasladarse y disponer de una movilidad accesible, suficiente y de calidad que facilite el desplazamiento de personas con énfasis en las más vulnerables, así como los bienes y mercancías.
El también presidente de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad de este Congreso, destacó la importancia de su iniciativa en la implementación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, toda vez que la Carta Magna estatal aun no reconoce como derecho humano a la movilidad.
Significó que entidades como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo, ya reconocen en sus Constituciones Políticas Locales el derecho a la movilidad, por lo que Veracruz podría sumarse para beneficio de las y los ciudadanos.
Agregó que la citada Ley General está integrada por 82 artículos, que entre los puntos más importantes están: la implementación del alcoholímetro a nivel nacional; establecimiento de límites de velocidad; prohibición del uso de celular u otro dispositivo mientras se conduce; establecimiento de derechos de las víctimas de siniestros de tránsito y sus familiares; creación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial; realización de las campañas necesarias para crear sensibilización, educación y formación en materia de movilidad y seguridad vial.
Además, instaura que las víctimas de percances viales gocen del derecho al respeto de su dignidad y el acceso a la reparación de daños; dispone que las licencias de conducir que expidan las autoridades competentes podrán ser impresas en material plástico o de forma digital mediante aplicaciones tecnológicas; ordena el uso obligatorio del cinturón de seguridad y el casco para motociclistas; establece la jerarquía de la movilidad, priorizando primero a las y los peatones, ciclistas, usuarios del transporte público de pasajeros, los prestadores de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías, y por último, a las y los usuarios de vehículos particulares.
La iniciativa, puesta a consideración del Pleno durante la quinta sesión ordinaria, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Se adhirieron a la misma las diputadas Verónica Pulido Herrera y Maribel Ramírez Topete, así como el diputado Othón Hernández Candanedo.
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