El dirigente estatal Alberto Yapes confirma reducciones de hasta 6 mil pesos mensuales en las percepciones de retiro; rechaza suspensión de pagos en el IPE, pero advierte que el temor a perder ingresos paralizó los retiros en el magisterio 👴🏼📄
XALAPA, VER.— El impacto económico del llamado sueldo regulador en los finiquitos de los trabajadores de la educación mantiene en vilo al magisterio veracruzano y frenó de golpe el proceso de retiro de decenas de profesores. Ante este escenario, la dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SITEV) hizo un llamado directo al Gobierno del Estado para revisar a fondo la normatividad vigente y fijar reglas claras que impidan un menoscabo desproporcionado en la economía de quienes pasan al retiro.
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El secretario general del SITEV, Alberto Yapes Alfonso, puso sobre la mesa las implicaciones reales de esta disposición. Matizó las versiones que apuntan a tijeretazos drásticos de entre el 40 y el 60 por ciento sobre los ingresos de los jubilados, pero confirmó que la afectación existencial es un hecho comprobable que merma directamente el bolsillo de los trabajadores.
"Muchos están esperando a que se diga qué es lo que va a pasar con el sueldo regulador para poderse jubilar o pensionar", reconoció el líder magisterial.
Rebanadas de hasta 6 mil pesos al mes y la batalla por el 100%
La arquitectura legal del sueldo regulador está pensada para calcular las prestaciones de retiro a partir de la trayectoria salarial de un trabajador, aplicándose con rigor cuando el docente no logró sostener una misma categoría laboral durante un periodo mínimo de 10 años. Sin embargo, en el terreno operativo, esta norma se tradujo en hachazos de entre 2 mil y 6 mil pesos mensuales sobre la pensión final de los docentes a punto de retirarse.
Para frenar lo que consideran una sangría al patrimonio familiar, la dirigencia del SITEV entregó formalmente una propuesta al Ejecutivo Estatal orientada a flexibilizar la norma y garantizar esquemas de salida dignos.
"Nosotros estamos pidiendo que cuando el compañero se jubile se vaya con el 100 por ciento de su remuneración o de su pensión", aseveró Yapes Alfonso.
No obstante, el dirigente dejó en claro que la postura del sindicato no busca validar abusos ni distorsiones en el sistema pensional. Reconoció la existencia de casos atípicos en los que ciertos trabajadores reciben recategorizaciones de dos o tres niveles y, al cabo de un par de años, solicitan su retiro; para estos supuestos específicos, Yapes admitió que la aplicación del tope regulador es justa para no descapitalizar el sistema.
Hasta este momento, al menos 66 agremiados al SITEV promovieron juicios de amparo en los tribunales para blindar sus percepciones, mientras una parte considerable de la plantilla docente prefiere mantenerse en activo a la espera de un acuerdo institucional. Frente a los rumores que circulan entre los maestros, Yapes aclaró que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no ha suspendido la dispersión de los recursos y que la nómina de pensionados se cobra con normalidad.
Parálisis administrativa: más de 300 movimientos atorados en la SEV
A la incertidumbre por las pensiones se suma una marcada parálisis burocrática en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). La dirigencia sindical documentó un rezago acumulado de más de 300 trámites laborales retenidos, un embudo que impacta directamente en la estabilidad de las familias de los trabajadores.
Entre los expedientes congelados destacan:
Cadenas de cambios adscritas a permutas o reubicaciones.
Cambios de administración de plazas.
Pagos de adeudos pendientes.
Emisión de oficios de presentación formales.
Yapes Alfonso expuso la urgencia de destrabar estos casos, al subrayar que detrás de cada folio hay trabajadores enfrentando delicadas contingencias familiares o de salud que requieren de su reubicación o del cobro inmediato de sus percepciones. Pese a que la representación sindical ha reiterado su disposición a dialogar sin recurrir a la confrontación, lamentó que la autoridad educativa estatal continúe postergando la instalación de las mesas formales de trabajo para destrabar el expediente acumulado.
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