Prosa aprisa
Caso
Tarek pone a prueba al PRI
Arturo Reyes Isidoro
El 17 de octubre del año pasado, al
reunirse en privado con un grupo de columnistas y propietarios o directores de
medios en Xalapa, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, fue cuestionado
sobre los diputados federales veracruzanos de su partido acusados de actos de
corrupción.
En aquel entonces, el exdirector de la
Comisión Federal de Electricidad evadió rápidamente la pregunta que le hizo un
columnista diciendo que no tenía ninguna acusación formal contra alguno de
ellos y que todo lo que sabía lo había leído en la prensa. Se entendió que los
estaba protegiendo con ese pretexto.
A los únicos que mencionó entonces, que
estaban siendo investigados, fueron a Javier Duarte de Ochoa, a José Antonio
Chara Mansur Beltrán, a Gabriel Deantes Ramos y a Arturo Bermúdez Zurita,
quienes serían expulsados de ese partido ocho días después.
Lo traigo a colación ahora porque ayer
el fiscal general del Estado, Jorge Winckler, presentó en la Cámara de Diputados una
solicitud de juicio de procedencia contra el representante popular por el
distrito 17 de Cosamaloapan, Antonio Tarek Abdala Saad, por el desvío de 23 mil
156 millones de pesos de recursos federales durante la administración de Javier
Duarte.
Al
exDirector de Administración del DIF Estatal Veracruz y ex Tesorero de la
Secretaría de Finanzas y Planeación se le acusa de los delitos de peculado,
abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y
desvío de recursos, ilícitos por los que podría alcanzar una pena de hasta 15
años de prisión.
Al entregar en
la Secretaría General de la Cámara las primeras cuatro carpetas de
investigación en su contra (son independientes de las que se integran por la
compra de medicamentos falsos), Winckler manifestó:
"Expresamos
nuestra confianza de que al ser turnada la presente solicitud de desafuero ante
la Sección Instructora se procederá en consecuencia, debido a que la instancia
que practicó las auditorías previas fue la Auditoria Superior de la Federación
(ASF), la cual depende de la Cámara y cuyos integrantes tienen la facultad de
conocer mecanismos por responsabilidades administrativas".
Hizo un
llamado a los diputados federales “para que determinen de qué lado están, de la
ciudadanía o de sus partidos políticos, si van a proteger la impunidad o van a
acercar a los ciudadanos a la justicia. Espero que los diputados, en acto de
conciencia, no protejan a quien se presume es un delincuente".
Fue más
allá. Adelantó que posiblemente la próxima semana presentará otras solicitudes
de desafuero contra otros diputados del PRI que también han sido señalados por
la ASF como responsables de los desvíos.
Ahí está,
pues, ya, una denuncia y petición concreta, formal, la que dijo Ochoa Reza hace
tres meses que no existía, y ahora se verá si él también está del lado de los
intereses de la mayoría de los veracruzanos, a los que se dañó, o de los
diputados de su partido señalados y acusados de actos de corrupción, quienes permanecen
impunes protegidos por el fuero que tienen.
De todos
modos habrá que estar pendientes del rumbo que tomen las cosas porque algo
apremia al priismo para actuar en contra de sus corruptos. Llama la atención
que de pronto no sólo reactivaron el interés para que la Interpol busque a
Javier Duarte en 190 países del globo terráqueo, sino que, por fin, metieron a
la cárcel a Rodrigo Medina, otra fichita, exgobernador de Monterrey.
¿Será acaso
para tratar de desviar la atención y mejorar la imagen de Enrique Peña Nieto
ante el riesgo de que caiga más en las encuestas –Reforma le da 12% de aceptación, aunque otros encuestadores
registran un porcentaje de sólo 9%– ante otro gasolinazo que se espera en
febrero, esto es, a partir de la próxima semana? ¿Será para tratar de
posicionarse mejor ante el electorado de cara a las elecciones en puerta?
En el Estado
el PRI no la tiene fácil. Una versión que me dieron es que ante el anuncio de
su regreso, preguntaron al innombrable Fidel Herrera Beltrán sobre el 2018,
quién podría ir como candidato a gobernador, pero ni el mismo que se dice que
viene a salvar al tricolor se arriesgó a adelantar algo diciendo que primero
habría que ver cómo salen en las elecciones municipales.
O sea, al
Gobierno federal priista no sólo le urge detener a Duarte para tratar de
recuperar terreno ante el electorado, sino que si quiere volverse más
competitivo tendrá que actuar o permitir que se actúe contra muchos más de sus
militantes señalados por actos de corrupción, entre ellos los diputados
federales ya conocidos de todos.
En el
Estado, la bandera de los señalamientos por los actos de corrupción va a
determinar el resultado de la elección y en ese terreno el PRI lleva las de
perder a menos que dé muestras de que la está combatiendo en serio. La
expulsión de sus filas, el desafuero y la encarcelación de Tarek será una señal
positiva pero no suficiente, hasta que se castigue a todos los responsables del
saqueo de las arcas que tienen sumido a Veracruz en la más grave crisis
económica de su historia.
Por ahora,
el gobierno panista los ha puesto contra las cuerdas. Ha hecho una acusación
formal y presentado carpetas con las pruebas. Si no se actúa, el 4 de junio
ganarán sólo unas cuantas alcaldías y sufrirán una estrepitosa derrota.
Yunes atiende petición del PRI
Fue el pasado
13 de diciembre cuando en la tribuna del Congreso del Estado el diputado local
priista Carlos Vasconcelos Guevara presentó un anteproyecto de
Punto de Acuerdo para exhortar al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a
suspender el otorgamiento de nuevas concesiones de servicio de transporte
público de pasajeros en la modalidad de taxis y realizar un estudio de las
otorgadas.
Denunció entonces que había un número excesivo de
taxis con las respectivas implicaciones viales, socioeconómicas, ambientales y
de salud pública.
Expuso que las cifras exactas del número de
concesiones otorgadas por las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte
no se conocen, ya que ninguna dependencia del Gobierno del Estado cuenta con
esa información o no quisieron otorgarla, pero dio un dato revelador. Señaló
que dentro del sector del transporte público se especula que son entre 100 mil
y 120 mil las concesiones entregadas, independientemente de las muchas que se
encuentran en trámites de regularización.
Manifestó que era necesario poner un alto a la entrega
y demandó a las autoridades estatales revisar minuciosamente los expedientes de
las concesiones otorgadas en los años anteriores, con el propósito de
transparentar la situación.
Pero no fue todo. Pidió, asimismo, aplicar las
disposiciones de la ley de tránsito y transporte por cuanto hace a
jurisdicciones, prohibición de establecimiento de sitios, política de tarifas,
cobertura de aseguramiento por responsabilidad civil, antigüedad de las
unidades, revista vehicular y capacitación a conductores, ya que existen quejas
de la población en esas materias.
El 7 de enero de este año, el gobernador Yunes
Linares anunció que sería este mismo mes cuando se iniciara el
operativo para revisar las concesiones otorgadas a taxis y camiones urbanos
durante los anteriores dos sexenios.
"Las anteriores administraciones de Fidel
Herrera y Javier Duarte entregaron miles y miles de concesiones sobre todo de
taxis y de transporte público también, provocando no sólo un desastre en
materia de transporte como lo estamos viviendo, sino que provocaron también que
la delincuencia organizada buena parte de su actividad la lleve a cabo usando
taxis".
Calificó como "atraco
brutal" el dinero que obtuvieron y se llevaron por la entrega masiva de
concesiones de taxis, por lo que, advirtió, las revisarían una a una y sólo
quedarán las que sean comprobadas con chofer y unidad responsable y sin actos
delictivos. Adelantó que los taxistas, así sean dos o tres por unidad, deberán
ser acreditados para poder prestar el servicio de automóvil de renta.
Como se advierte, en algunos
temas, priistas y panistas tienen puntos de coincidencia. Habrá que ver ahora
si, por ejemplo, limpian ese gremio ya que exdiputados, exalcaldes,
exfuncionarios estatales y muchos más, ajenos a esa actividad, se hicieron de
concesiones e incluso de flotillas de taxis en detrimento de los verdaderos
trabajadores del volante.
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