Beatriz Hernández
Tras largos procesos legales, decenas de trabajadores estatales esperan nombramientos definitivos y cumplimiento de sentencias, mientras la organización gremial atraviesa su proceso de renovación interna 📝👥
Tras largos procesos legales, decenas de trabajadores estatales esperan nombramientos definitivos y cumplimiento de sentencias, mientras la organización gremial atraviesa su proceso de renovación interna 📝👥
XALAPA, Ver. — Después de años de batallas legales en tribunales, el Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Estado de Veracruz mantiene una exigencia firme ante las autoridades estatales para garantizar el pago de laudos pendientes, nombramientos definitivos, antigüedad y seguridad social a decenas de trabajadores de distintas dependencias 🏛️⏳.
En entrevista, el secretario general de la organización, Acdmer Antonio Galicia Campos, detalló que mediante amparos y juicios laborales se han logrado avances importantes, como el caso de 33 agremiados de la CIOB que obtuvieron resoluciones favorables para alcanzar su base laboral. Sin embargo, advirtió que el principal obstáculo actual radica en la ejecución de los pagos y en la regularización formal de los expedientes que llevan hasta seis años en los tribunales.
El dirigente explicó que el universo inicial contemplaba a 144 trabajadores en busca de la clave sindical, una cifra que se redujo a 90 debido a diversos factores ocurridos durante los largos procesos, tales como el fallecimiento de cinco agremiados, la obtención de bases por otras vías o la baja voluntaria de la organización. De los 90 casos restantes, 57 continúan con trámites activos en dependencias clave como la Contraloría General del Estado, Sedarpa, Finanzas, Protección Civil, Turismo, Comunicación Social y la SIOP.
"Ya estamos en la etapa de ejecución", recalcó Galicia Campos al denunciar la lentitud de los procesos burocráticos y jurídicos que obligan a los empleados a esperar años para ver cristalizados sus derechos. Incluso, puso sobre la mesa el caso crítico de un trabajador de la Contraloría con más de 30 años de servicio —un adulto mayor que aún carece de prestaciones históricas—, cuyas retribuciones económicas derivadas de los laudos y adeudos salariales oscilan entre los 400 mil y un millón de pesos por persona.
Ante este panorama, el líder sindical lamentó que la tardanza institucional haya cobrado factura a familias enteras, señalando que las viudas de los cinco trabajadores fallecidos durante los litigios también reclaman el pago del seguro institucional correspondiente. Asimismo, criticó que la obtención de una simple toma de nota para los cerca de 300 agremiados que buscan su reconocimiento formal ante las instancias laborales llegue a demorarse hasta dos años, cuando —a su juicio— debería resolverse en cuestión de días.
Finalmente, en medio del proceso de renovación de su Comité Ejecutivo Estatal —en el cual la base refrendó su confianza en la actual dirigencia—, el sindicato dejó claro que no bajará la guardia. Con una membresía que ronda los 700 agremiados totales, la organización reiteró que mantendrá la defensa legal para dignificar la situación de los empleados temporales y administrativos que durante años fueron catalogados erróneamente como de confianza para evadir sus derechos laborales básicos.
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