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Alrededor de 400 ex elementos de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla siguen esperando una indemnización de 20 mil pesos; acusan que 18 tomos de una carpeta clave contra el duartismo se "perdieron" tras una inundación 📄🌊
XALAPA, VER.— La paciencia de las familias de la zona norte del estado tocó fondo. Ex elementos policiales provenientes de los municipios de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla tomaron las calles de la capital veracruzana para encarar el laberinto burocrático que mantiene frenado el pago de sus indemnizaciones laborales. A la par de la protesta por la falta de depósitos, la representación legal de los ex uniformados destapó una grave irregularidad operativa al interior de la Fiscalía General del Estado: la presunta pérdida de 18 tomos de una investigación penal por fraude en la época del duartismo, bajo el argumento de que el agua los echó a perder.
Los inconformes advirtieron que no levantarán el plantón ni regresarán a sus municipios hasta ser atendidos por funcionarios con poder de decisión que firmen un compromiso con fecha y hora exacta para la dispersión de los recursos.
Pagarés incompletos, vueltas agotadoras y decesos en el camino
El abogado y representante legal del contingente, Ader Óscar Juárez, expuso el desgaste físico, emocional y económico que representa para las familias trasladarse de forma recurrente hasta Xalapa sin obtener más que evasivas. De un universo aproximado de 600 ex policías con derecho a la indemnización, la administración estatal únicamente ha liquidado el adeudo a 171 personas, dejando en el limbo a más de 400 ex servidores públicos.
La suma fijada por beneficiario ronda los 20 mil pesos, un monto que el litigante calificó como módico e insuficiente en comparación con los años de gestiones y desembolsos en pasajes. Lo más grave, enfatizó, es que el dinero ya está etiquetado en las arcas públicas pero no se libera por trabas administrativas de escritorio.
"Nos dan largas. El mes pasado nos dijeron que nos iban a pagar, ahorita nos dijeron que esta semana, pero no nos llaman. No nos atienden y no nos dan una certeza jurídica de que les van a pagar. El recurso está, el recurso ya lo tienen, pero no ha autorizado la instancia correspondiente. No entiendo por qué, si ya se les pagó a 171, se está deteniendo ahora el resto de los pagos", cuestionó el abogado.
El retraso institucional ha cobrado vidas. Juárez relató con amargura el fallecimiento reciente de uno de los ex policías, un adulto mayor de casi 70 años que sufrió un infarto fulminante mientras esperaba el dinero. Hoy es su viuda quien sostiene las vueltas y los gastos para reclamar lo que a su esposo le costó años de trabajo en las calles de la zona norte.
El misterio de los 18 tomos "ahogados" en la Fiscalía
Además del reclamo económico, la protesta puso el foco sobre la carpeta de investigación 662/2022, un expediente que documenta presuntas irregularidades, desvío de recursos y falsificación de firmas en cheques cobrados dentro de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
El representante legal acusó a la Fiscalía de estancar el caso en un bucle burocrático mediante la entrega sistemática de simples "copias de conocimiento" que reenvían el asunto al distrito judicial de Poza Rica, donde precisamente se originaron las anomalías. Para colmo de males, las autoridades notificaron a los afectados que 18 tomos completos del expediente resultaron destruidos debido a una inundación.
"Entregamos oficios tras oficios y nos entregan únicamente copia de conocimiento... Eso nos afecta también. No tenemos todo lo que nos respalde. Yo sí tengo documentación, pero no tenemos los 18 tomos que en su momento se presentaron como denuncia", lamentó Juárez.
A pesar de la pérdida parcial del expediente, la defensa legal sostuvo que existen pruebas contundentes para judicializar el asunto. Entre las evidencias vigentes destacan un dictamen pericial en grafoscopía que confirma la falsificación de firmas en un cheque, así como la verificación realizada directamente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la institución bancaria Banorte en la Ciudad de México, donde consta el cobro de los títulos originales.
Ante el cúmulo de irregularidades y el silencio oficial, la consigna en Xalapa es clara: los manifestantes mantendrán la presión hasta que el Gobierno del Estado entregue una certeza jurídica y económica a quienes arriesgaron su vida por la seguridad de la entidad.
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