Ante la confusión generada en diversos espacios, el Instituto de Pensiones del Estado detalló que este mecanismo de cálculo ha operado en menos del 10% de los casos desde 2017, dependiendo estrictamente de la trayectoria salarial y el régimen de cada trabajador 🏛️👥
XALAPA, Ver. — Frente a los señalamientos y versiones difundidas recientemente en espacios de opinión sobre supuestas reducciones masivas en las jubilaciones, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) aclaró que el sueldo regulador no se aplica de manera generalizada ni contempla un descuento automático de entre 30 y 40 por ciento sobre las pensiones 🔍💼.
De acuerdo con los registros institucionales, este mecanismo se ha utilizado únicamente en 3 mil 767 procedimientos desde el año 2017, una cifra que contrasta de manera significativa con el universo total de más de 38 mil pensionistas que actualmente forman parte del padrón. Con esto, las autoridades refutan la narrativa de que exista una afectación indiscriminada a la base derechohabiente.
El origen de la confusión radica en la interpretación de cómo se calcula la pensión bajo el amparo de la Ley 287 —vigente desde 2014—. El sueldo regulador no sustrae de manera arbitraria un porcentaje del último ingreso percibido por el trabajador, sino que realiza un promedio ponderado de los sueldos de cotización a lo largo de su trayectoria, previamente actualizados mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Desde una perspectiva técnica, el IPE explicó que las diferencias visibles entre el último salario de un empleado y su monto de jubilación final responden a casos específicos donde existieron incrementos salariales considerables en el tramo final de la vida laboral. En un sistema solidario como el del IPE, este filtro busca evitar distorsiones financieras provocadas por percepciones atípicas de corta duración, garantizando que la pensión refleje con mayor fidelidad lo efectivamente cotizado durante los años de servicio.
Finalmente, la institución recordó que cada expediente responde a condiciones particulares que dependen de la fecha de ingreso al servicio público, el régimen jurídico aplicable y los años de aportación, por lo que resulta incorrecto generalizar casos particulares a toda la comunidad próxima a jubilarse.
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