La Segob aclara que la reincorporación del mandatario estatal fue una decisión personal, mientras la FGR mantiene abiertas las carpetas de investigación correspondientes 🇲🇽
Rubén Rocha Moya retomó este viernes sus funciones como gobernador del estado de Sinaloa, luego de haber solicitado licencia el pasado 1° de mayo con el fin de ponerse a disposición de las autoridades judiciales mexicanas. Su decisión de reincorporarse al cargo responde, según la Secretaría de Gobernación (Segob), a un acto "exclusivamente de carácter personal".
La solicitud de licencia del mandatario surgió a raíz de los señalamientos emitidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cuales lo vinculan junto a otras nueve personas con presuntas actividades de la delincuencia organizada y una facción del cártel de Sinaloa. Ante este panorama, Rocha Moya aseguró regresar "con la frente limpia y en alto", al sostener que las acusaciones en su contra carecen de fundamento probatorio.
Por su parte, la Segob recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las carpetas de investigación correspondientes sobre las diez personas mencionadas por las autoridades estadounidenses. La dependencia federal subrayó además que el Gobierno de México ha solicitado en reiteradas ocasiones a la administración del país vecino que presente las pruebas que sustenten dichos señaalamientos.
Durante el anuncio de su regreso, el gobernador de Sinaloa argumentó que su separación temporal del cargo le permitió ponerse a la orden del sistema de justicia mexicano para hacer frente a lo que calificó como "falsas acusaciones". Rocha Moya atribuyó las señaalizaciones a "motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera", acusando a la oficina gubernamental de Estados Unidos de pretender lesionar la soberanía nacional a través de calumnias sin respaldo probatorio.
Con este retorno, el ejecutivo estatal busca dar continuidad a su gestión al frente del gobierno sinaloense, en medio de un escenario donde las investigaciones de la FGR continúan vigentes y las exigencias diplomáticas hacia el gobierno estadounidense para la entrega de evidencias se mantienen sobre la mesa.
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