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La gobernadora de Veracruz aclara las cifras del caso, reporta tres personas detenidas y una orden de aprehensión vigente contra un exfuncionario prófugo 💼📉
La gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, desmintió categóricamente que en las cuentas de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) existiera un desvío o manejo irregular de 800 millones de pesos, precisando que la suma real involucrada fue de aproximadamente 200 millones de pesos, capital que ya fue recuperado por la administración estatal.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria aclaró la magnitud del caso financiero y rechazó que el Gobierno del Estado haya manejado la cifra de 800 millones de pesos. "Nunca se habló aquí de 800 millones, nunca. Se habló de otra cantidad, de 200 millones", aseveró Nahle García al rectificar los señalamientos sobre las cuentas bancarias de la casa de estudios.
El esclarecimiento de los montos se da en el marco de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Como resultado de estos procedimientos ejecutados durante la actual gestión, tres personas han sido aprehendidas y se ha librado una nueva orden de aprehensión contra un exfuncionario de la institución, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Respecto a si los hechos se originaron durante la gestión de Cuitláhuac García Jiménez o en periodos previos, Nahle enfatizó que la situación debe evaluarse desde los antecedentes operativos de la propia UPAV, recordando que su fundación se remonta a administraciones pasadas. "Se hizo el corte de caja y lo tiene la Fiscalía Anticorrupción", indicó la titular del Ejecutivo, reservándose mayores detalles técnicos para no comprometer el debido proceso ni aportar datos no confirmados formalmente.
La mandataria estatal adelantó que solicitará una ficha informativa a la Fiscal Anticorrupción para transparentar los avances del caso en cuanto el marco legal lo permita. Con esta postura, el Gobierno de Veracruz busca delimitar el alcance real del daño patrimonial, mientras la Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para deslindar responsabilidades y llevar ante la justicia al exservidor público implicado.
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