⚖️ Ordena Tribunal Federal a Sefiplan Reconocer Derechos Laborales de "Trabajadores Z" en Veracruz

 

⚖️ Ordena Tribunal Federal a Sefiplan Reconocer Derechos Laborales de "Trabajadores Z" en Veracruz

🎤 Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo exige a la gobernadora Rocío Nahle acatar los laudos firmes y liquidar un pasivo estimado en 18 millones de pesos por omisiones patronales

Marco Antonio Palacios 

XALAPA, VER. — El secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, Antonio Galicia Campos, denunció que cientos de trabajadores estatales denominados “temporales administrativos” o “trabajadores Z” han laborado durante décadas sin seguridad social, prestaciones ni reconocimiento sindical. Ante esto, el dirigente anunció que un Tribunal Federal sobreseyó el último amparo de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), ordenando la aplicación inmediata de la clave sindical 135 para restituir los derechos de los afectados.

Una batalla legal de seis años contra la Sefiplan

La resolución judicial, emitida el pasado 20 de mayo de 2026, catalogó el asunto como cosa juzgada, frenando la estrategia jurídica de la Sefiplan que se extendía desde 2020. Galicia Campos recordó que el conflicto se originó tras el incumplimiento de una minuta de acuerdos firmada en noviembre de 2019, la cual garantizaba la aplicación de la clave a partir de esa fecha.

“Durante seis años hemos caminado con compañeros que han sido vulnerados en sus derechos. Hay trabajadores con 15, 20 y hasta 30 años de servicio que no tienen seguridad social ni prestaciones porque el gobierno argumentaba que no contaban con clave sindical”, señaló el líder de la organización.

Tras la acumulación de laudos favorables entre 2023, 2025 y 2026, la justicia federal determinó que las autoridades financieras estatales carecen de facultades para prolongar la negativa de reconocimiento sindical. Ante este escenario, el sindicato demandó públicamente a la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, y al titular de Sefiplan, Miguel Santiago Reyes Hernández, cumplir con los mandatos judiciales e integrar formalmente a los empleados al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) respetando su antigüedad real.

Millonarios pasivos y el drama de las omisiones patronales

El sindicato, que actualmente representa más de 200 casos similares —incluyendo a 38 trabajadores activos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP)—, estima que la deuda por trabajador oscila entre los 400 mil y 450 mil pesos, acumulando un pasivo global aproximado de 18 millones de pesos.

El impacto de la falta de regularización se evidenció con el testimonio de Clarita, viuda de un empleado de la SIOP fallecido en un accidente laboral. Pese a que el trabajador ganó un laudo para su basificación, su familia no ha cobrado el seguro de vida correspondiente. Por el contrario, el IPE le adjudica un adeudo de 500 mil pesos por cuotas no reportadas por la propia dependencia del estado.

“Me descuentan y todavía me dicen que debo 500 mil pesos. Mi pensión es de apenas 2 mil 700 pesos mensuales”, relató la afectada. Galicia Campos calificó de “inhumano” que las autoridades pretendan cobrar lagunas financieras provocadas por omisiones institucionales, remarcando que existen al menos cinco casos de empleados fallecidos en condiciones de desprotección total.

Opacidad en el fondo para laudos e indemnizaciones

Para concluir, el dirigente sindical cuestionó la transparencia en el manejo de las partidas presupuestales destinadas a los compromisos laborales del gobierno de Veracruz. Recordó que durante la gestión de Cuitláhuac García Jiménez se asignaron cerca de mil 200 millones de pesos para cubrir laudos, bolsa económica que para el ejercicio fiscal vigente se incrementó a cerca de mil 600 millones de pesos.

“¿Dónde está ese dinero? Son recursos que legalmente ya les corresponden a los trabajadores y no se les han pagado”, sentenció Galicia Campos, denunciando además que los despidos injustificados persisten en la actual administración, como el caso reciente de una empleada con 19 años de servicio en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

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