La magistrada presidenta del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dio a conocer que de manera interna se integrará una denuncia para que quien resulte responsable, sea puesto ante la justicia, esto luego de que la Auditoría Superior de la Federación detectó daño patrimonial por más de 80 millones de pesos en el Poder Judicial del estado de Veracruz, correspondiente a la cuenta pública 2021.
En entrevista señaló que, tendrá que ser la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que interponga una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por un presunto daño patrimonial al Poder Judicial de Veracruz por el orden de 82 millones de pesos que no fueron solventados de la cuenta pública 2022, cuando fungía como administradora Joana Marlene Bautista.
La presidenta del Poder Judicial subrayó que tras ser notificados por la no solventación del daño señalado y cometido durante la presidencia de la magistrada Isabel Romero Cruz.
“Este es un tema que le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, no soy yo propiamente quien inicia los temas penales, si no que ellos mismos, al determinar un decremento patrimonial, ellos son los que proceden ante la FGR y seguramente nosotros tomaremos o vamos a tomar nuestras medidas desde la contraloría interna por el tema administrativo. Creo que sí le corresponde a la ASF, pero con independencia, también nosotros vamos a tomar nuestras medias, tanto penales como administrativas”.
Dijo que se entregó la documentación necesaria, sin embargo, la ASF determinó que era insuficiente.
“Fuimos notificados en su momento, le dimos todo el seguimiento necesario, se fue enviando toda la documentación y se determinó que esa documentación es insuficiente y ellos toman sus determinaciones, ¿Qué sigue?, este es un tema de la Auditoría Superior de la Federación.”
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia tomará medidas desde la Contraloría Interna por el tema administrativo.
“Yo estoy en la idea de que cualquier persona se puede acercar e interponer una denuncia, al margen de cualquier situación creo que le corresponde a la ASF, pero con independencia de ello nosotros vamos a tomar nuestras medidas, tanto penales como administrativas”
Jiménez Aguirre sostuvo que no han sido llamados funcionarios o exfuncionarios de la gestión de Joana Bautista, toda vez que apenas les llegó el oficio en donde les advierten del presunto daño patrimonial por 82 millones de pesos que no se solventaron.
Por último la magistrada del Poder Judicial del Estado fue entrevistada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con las juezas del estado.
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