La FGE solicitó tres órdenes de aprehensión contra anteriores alcaldes

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó tres órdenes de aprehensión contra anteriores alcaldes, así lo adelantó la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos.

En conferencia de prensa señaló que, "La Fiscalía tiene sus tiempos, la Fiscalía integra y hace sus averiguaciones. En el caso de la última reunión hubo buenas noticias, no les quiero adelantar, pero si les puedo decir que se van a conocer de algunas órdenes de aprehensión en contra de titulares de entes fiscalizables".

"Hay algunas órdenes de aprehensión que van a ser otorgadas en breve o no sé si ya las tenga, pero vamos a ver resultados de eso", señaló.

González Cobos puntualizó que tiene conocimiento de al menos tres que ya están, pero aclaró que no podía decir de que municipios se trataba por la secrecía de las indagatorias

Sin embargo, indicó que esas órdenes de aprehensión son resultado de las denuncias que el ente fiscalizador a su cargo ha presentado.

Recalcó que de las denuncias que han presentado, durante su gestión, hay buenos resultados, muchas ya fueron judicializadas.

"Sí hubo vinculación a procedo, a lo mejor de las anteriores sí hubo un 60, 70 por ciento que sí hubo un proceso judicial", comentó.

González Cobos precisó que ese 60 o 70 por ciento de judicialización de denuncias son de antes de 2019.

"En esos casos es la Fiscalía la que sigue el procedimiento, no hay una obligación en Ley para que la Fiscalía le informe a quien denunció, ya no somos parte de ese proceso judicial, pero nos acercamos y pedimos información", explicó.

Sostuvo que el hecho de que la Fiscalía solicite las órdenes de aprehensión en este momento, no tiene que ver con el próximo proceso electoral.

"No, no, no tiene que ver con el proceso electoral, este es un trabajo que nosotros habíamos presentado ya, que corresponde a la administración municipal anterior", destacó.

Por último comentó que en el caso de las denuncias que se han presentado desde el 2007 a 2022, que suman más de 35 mil millones de pesos de presunto daño patrimonial, González Cobos explicó que aunque no tiene un número exacto de cuáles han procedido -porque no es obligatorio informarle-, sí les han dado seguimiento.