La presidenta del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales dio a conocer que la liquidación de los partidos es un proceso de quiebra y se pagan los créditos pendientes, en prelación, si es que el dinero de lo que se reintegra es suficiente para pagar los pendientes de los institutos políticos que perdieron el registro.
En entrevista reconoció que se implementa un proceso de quiebra, que implica diversas etapas, incluso, poner a subasta bienes que se compraron con el dinero que se les entregó como financiamiento.
“Tenemos que hacer la liquidación de bienes, de preferencia de créditos, porque hay créditos que tiene primeros lugares y así, y hasta a dónde alcancen los recursos”, señaló.
En caso de que exista algún remanente se tendrá que informar a las autoridades del Estado, al tratarse de dinero público que entrega la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Comentó que si no se logran liquidar todas las deudas, el Consejo General tendrá que dar parte a las autoridades competentes para que determinen si hay alguna falta administrativa.
“Sería un tema que tendríamos que evaluar porque finalmente no hemos tenido la experiencia (que no alcanza para pagar los pasivos de los partidos extintos), tendríamos que determinar qué pasa y el nivel de responsabilidad”, comentó.
Evitó pronunciarse por la posibilidad de que se inhabilite a los exdirigentes, sin embargo, dijo, se tiene que analizar qué pasará a quienes hicieron uso de recurso público, “no nos corresponde fiscalizar el recurso, pero habría que analizar la situación o quién sería el competente sobre el caso”.
Otras irregularidades que se preventaron fueron que, el partido firmó dos contratos, uno con la empresa “Integra Tecnología Gráfica S.A. De C.V.” al que le hizo algunas modificaciones y terminó pagando 6 millones 278 mil pesos por gorras, playeras y banderines, tras modificar en cinco ocasiones el contrato, sin embargo, omitió comprobar cómo había invertido 2 millones 223 mil 526 pesos.
En el caso de la segunda empresa: “Negocios Integrales Moramoli S.A. De C.V.” entregó una factura por 464 mil pesos, en la que, según su dicho, había facturado por la elaboración de insumos para el partido Todos Por Veracruz, instituto político que no es el que representaba Francisco Garrido.
Todos por Veracruz era representado por Jesús Vázquez, que fue compañero de Cámara de Garrido Sánchez en el Congreso de Veracruz. El contrato se modificó y más adelante se pagó a la empresa 601 mil pesos por 6 mil 500 gorras e igual número de playeras con el logotipo de Todos por Veracruz, lo que sería una irregularidad.
Además, gente del partido realizó una supuesta reestructuración del inventario de los bienes que debía entregar al OPLE, como parte de su liquidación, y determinó que, derivado del uso dado para las actividades ordinarias del partido, algunos bienes quedaron inservibles y por tal razón ya no los incorporó al inventario enviado al interventor.
El 10 de enero del 2023, a través del oficio PP/PODEMOS/001/2023 se solicitó a la liquidadora de ¡Podemos!, que informara el estado que guardaba el patrimonio físico y documental del partido en comento, y confirmó que las cosas estaban en el domicilio que funcionaba como “sede” del instituto, luego de haber hecho algunos arreglos con el arrendador.
Cabe recordar que desde que inició el 2023, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) inició con el proceso de liquidación a los otrora partidos políticos locales: Podemos, Todos Por Veracruz, Unidad Ciudadana, Cardenista.
Como parte del proceso de liquidación se ha notificado al OPLE que los partidos tienen multas que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) que se tendrá que cobrar, por ejemplo: Podemos, de Francisco Garrido, diputado local de la 63 Legislatura -2013-2016-, sumó un total de 3 millones 286 mil pesos de sanción económica.
En el caso del Cardenista, el partido de Antonio Luna, tiene pendiente de pago una multa de 477 mil 878 pesos, Unidad Ciudadana, de la exdiputada local Cinthya Lobato Calderón, diputada de la 64 legislatura (2016-2018), debe pagar 227 mil pesos por concepto de multas.
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