Teresa Carvajal representante legal del Barzon de Resistencia Civil del Estado de Veracruz dio a conocer que actualmente tienen en remate mil 664 vivienda en el estado y se están valuando a muy bajos precios.
En conferencia de prensa señaló que actualmente por lo menos 16 mil 262 familias Veracruzanas se declararon en moratoria al primer semestre del 2022, y enfrentan juicios ya que luego de dos años de pandemia por Covid-19 ya no pueden pagar sus deudas y están en riesgos de perder sus viviendas o de ser embargados.
Señaló que tan solo en el mes de mayo de este año incluyen adeudos con bancos, hipotecas, y entre particulares por lo que prevén que el segundo semestre se haya agravado la problemática debido a los duros golpes a los precios de la canasta básica ya que el salario no alcanza para cubrir sus necesidades básicas.
Comentó que Santander es el banco que más juicios ha promovido, optando también por drásticas medidas judiciales como el congelamiento de cuentas bancarias de sus clientes por lo que las familias simplemente no pueden pagar lo que deben con las actuales tasas de intereses.
Comentó que se terminara el último trimestre del año del 2022 con las manos atadas ya que además de las deudas se enfrentan a autoridades insensibles que olvidaron crear un plan de emergencia para el rescate de la economía familiar, ya que están poniendo como prioridad la recuperación de carteras vencidas de bancos e instituciones públicas.
"Cifras del del Banco de México informan que los créditos van en incremento, el crédito al consumo subió 5.6 por ciento este año, las tarjetas de crédito 6.4 por ciento los créditos de nómina 6.6 y los préstamos personales 7.2 por ciento lo que representa al menos 29 millones de nuevas tarjetas de crédito", señaló.
.jpeg)
Dio a concomer que ya tienen en remate mil 664 viviendas actualmente en Veracruz lo que es ya una etapa final de un procedimiento legal y desafortunadamente son viviendas que se están valuando en muy bajos precios.
Lo anterior representa una oportunidad para los oportunistas o inversionistas y volverlas a colocar en el mercado inmobiliario a través de nuevos créditos, mientras que quienes las perdieron por falta de pago ya perdieron su patrimonio.
Comentó que es posible que se presente una crisis peor que la que se dio en 1994, ya que en el 2023 será un año donde se tocará fondo en materia de deudas pero lo alarmante es el ritmo de crecimiento al que van los juicios y además del silencio o la omisión que existe por parte de las entidades gubernamentales al no hacer caso a los problemas.
Finalmente señaló que en los próximos días van a presentar un diagnóstico sobre cuatro criterios que ha instrumentado la SCJN a través de jurisprudencia y que han marcado severos retrocesos en materia de protección y tutela de derechos humanos que han dejado sin defensa a los usuarios de servicios financieros, lo cual es un gran atropello.
0 comentarios:
Publicar un comentario