La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes dio a conocer que con el objetivo de mejorar sus áreas administrativas y obligar a la certificación de los titulares de Unidades de Transparencia de los sujetos obligados, presentaron ante la del Congreso del Estado una iniciativa de reforma.
En entrevista informó que presentó la propuesta de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante la cual busca evolucionar, perfeccionar, mejorar el desempeño del IVAI.
Señaló que en el marco del próximo XV aniversario del Instituto, el Pleno entregó dicha propuesta de reforma a la Ley 875 de Transparencia.
"Considera diferentes modificaciones para hacer los procedimientos más ágiles, prontos y expeditos y, cumpliendo con los plazos que marca la ley", comentó.
La iniciativa cuenta con tres grandes rubros de modificación: armonizar procedimientos y plazos a la Ley General federal; pasar la verificación de oficio al área jurídica del organismo y, establecer una certificación para unidades de transparencia para que garanticen conocimientos mínimos en la materia.
La propuesta entregada a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Cecilia Josefina Guevara Guembe, establece plazos legales en la etapa de cumplimiento en concordancia con la Ley General de Transparencia.
Asimismo, se replantean diversas condiciones y figuras jurídicas que tienden a fortalecer los procedimientos establecidos por la ley local de la materia dotándolos de certeza y seguridad jurídica para evitar la acumulación cuantiosa de procesos engorrosos que, por cuestiones vagas e imprecisas, puedan llegar a dificultar acceder a este derecho humano.
Los tres comisionados proponen replantear disposiciones legales encaminadas a concretar determinadas facultades administrativas y materialmente jurisdiccionales, así como armonizar la legislación veracruzana en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Con dicha propuesta se busca que la representación legal recaiga en quien sea el o la titular para celebrar convenios y contratos en procedimientos administrativos y judiciales ante instancias locales y federales o, cualquier otro asunto jurídico en los que se requiera acreditar su carácter de persona moral oficial.
Se dota al Pleno la facultad de decidir la creación, fusión y supresión de áreas administrativas y atribuir a sus integrantes la posibilidad de habilitar o contar con coordinaciones regionales, de existir la suficiencia presupuestal.
También que puedan sesionar a distancia, alternativa que surgió por la pandemia y que se tomen en cuenta las facilidades que otorgan las tecnologías informáticas.
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