El abogado Arturo Salazar dio a conocer que 25 familias que viven en el ejido el sumidero han sido desalojadas de su vivienda, por el uso de la fuerza y por gente encapuchada bajo la orden de la presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Rosalba Rangel Loida y Bernarda Clementina en complicidad con el comandante oro de la secretaria de seguridad pública y miembros de la fiscalía.
En conferencia de prensa, acompañado con los afectados dio a conocer que “el motivo es para hacer un llamado a las autoridades, principalmente a la Secretaria de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado ya que desde el pasado fin de semana aproximadamente 25 familias de la colonia José Revueltas han sido propiamente desalojadas, de manera arbitraria, sin procedimiento legal alguno, estando aquí presentes las personas que les tocó vivir el desalojo, por parte de la persona Rosalba Rangel Loida, así como Bernarda Clementina,
Dan a conocer que desalojaron de su vivienda a 25 familias del ejido el sumidero por órdenes de la presidenta de la UNTA Rosalba Rangel Loida
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“Estas personas ya están denunciadas, existe la carpeta de investigación 5280/2017 radicada en la fiscalía y lo preocupante es que cuando se ha solicitado la ayuda e intervención propiamente de los elementos de la secretaria de seguridad pública, ha llegado la patrulla 1799 a cargo del comandante Oro, el cual en lugar de proporcionar la ayuda, en vez de prever que las familias no sean afectadas, el simplemente llega a intimidar junto con las personas antes mencionadas” añadió.
En este sentido dijo que “por ello es que pedimos de manera respetuosa que intervengan para ayudar a estas personas de escasos recursos, a tanto al fiscal del distrito que es el licenciado Fernando Pensado, como a los elementos de la policía Ministerial para efecto de que se pueda llevar a cabo esta investigación puesto que se están desalojando a familias sin un procedimiento y de manera arbitraria y también la intervención de las autoridades respectivas”.
Por su parte el ciudadano Daniel de Jesús (uno de los desalojados), dijo que “a mí me desalojaron junto mi madre, estando adentro de la casa, nos quitaron el techo, nos tiraron las paredes, llegaron con machetes, con palos, con gente drogada, tomada, gente que no era de la misma colonia a querernos desalojar”.
Añadió que “la licenciada Rosalba trabaja con tal impunidad, amenazando y amedrentando a los colonos, y amenazándonos de muerte, nosotros hemos tratado de no caer en sus agresiones, yo fui desalojado el día 12 de septiembre y nosotros lo único que buscábamos era bienestar para vivir tranquilos”.
Explicó que esta colonia fue invadida en un principio por los integrantes de la UNTA, en una zona que pertenece al ejido de El Sumidero, “como es un lugar con calles de tierra, sin servicios públicos, nosotros solicitamos la ayuda de varios vecinos para mejorar la colonia, y esta señora al enterarse dijo que nosotros estamos revendiendo nuestros terrenos y eso no es cierto, nosotros lo que queremos es un mejor lugar para vivir”.
Recordó que el pasado 10 de septiembre “la señora llego con más de 200 gentes, con machetes, palos, con gente armada y tomada, para corrernos de ahí, y lo único que pedimos es que la autoridad le ponga un alto, ya que cuando nosotros promovimos la denuncia, luego, luego nos llegó un mensaje en el celular diciendo que sabía que estábamos en la fiscalía y que no nos iban a hacer caso, y le hablamos a la secretaria de seguridad pública, llego el mismo comandante Oro a nuestras propiedades a reírse y a tomarse el refresco con la señora y aplaudirle porque nos había desalojado”.
Finalmente el abogado dijo “esta persona no es dueña de los terrenos, estos terrenos pertenecen al ejido de El Sumidero, tan es así que las personas tienen constancias de posesión del comisariado ejidal y el ejido les reconoce que son personas que han estado viviendo en este lugar de manera diaria y esta persona a modo de paracaidista llega con gente armada, a sacarlos sin tener ningún título de propiedad de las tierras y el problema también es que se acude a las autoridades judiciales y de seguridad pública y nadie les hace caso y este comandante, junto con los de la fiscalía y la señora están coludidos”.
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