⚠️ Denuncian graves irregularidades en el sindicato de CMAS Xalapa; advierten riesgo para el contrato colectivo 🛑

💼 El secretario de Trabajo, Félix Romero Martínez, acusa remoción ilegal de funciones, la imposición de una apoderada legal y la pérdida de un bono millonario que afecta los bolsillos de los trabajadores

Félix Romero Martínez, secretario de Trabajo del sindicato de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa adherido a la CTM, denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades al interior de la organización de trabajadores. En una conferencia de prensa, el dirigente sindical advirtió que estas anomalías ponen en riesgo directo los derechos laborales y la permanencia del contrato colectivo que rige la relación obrero-patronal.

El conflicto interno comenzó a gestarse hace aproximadamente ocho o nueve meses, coincidiendo con el ingreso de Romero Martínez al sindicato. Según expuso, el detonante principal fue el intento de otorgar la titularidad y la representación legal del sindicato a una abogada identificada únicamente como “del Rosario”, quien presuntamente fue candidata a la alcaldía de Xalapa por el Partido del Trabajo (PT). El secretario de Trabajo se negó a firmar los documentos que avalaban dicha designación, argumentando que los estatutos internos exigen obligatoriamente que este procedimiento sea aprobado en una asamblea general y respaldado por la totalidad del comité ejecutivo.

“Yo no firmé eso, no me presté para darle la titularidad como apoderada legal. La asamblea dijo que no y aun así se hizo”, expresó enfáticamente Romero Martínez. Como consecuencia directa de manifestar su desacuerdo, el funcionario fue sancionado y separado de sus funciones por órdenes del secretario general, una medida de represalia que también afectó a Franco Conde Eslava, secretario de Acción Política. Ambos fueron acusados de actuar “deslealmente” contra el sindicato por el simple hecho de mantener diálogo con la parte patronal, una actividad que Romero Martínez defendió como parte inherente a las facultades de sus respectivos cargos.

La crisis institucional escaló al ámbito financiero, donde el denunciante advirtió sobre posibles anomalías en el manejo de los recursos económicos del gremio. Detalló que existía una cuenta bancaria registrada a nombre del comité ejecutivo y que sus firmas eran indispensables para disponer de los fondos; sin embargo, aseguró que jamás otorgó su rúbrica para dichos movimientos. “Estamos hablando de cantidades fuertes de dinero. Yo no quise involucrarme porque podría considerarse fraude o desvío de recursos”, afirmó.

El golpe económico más severo para la base trabajadora se centra en la pérdida de un bono económico por más de 3 millones de pesos que debía comenzar a entregarse a partir del año 2025. El secretario de Trabajo precisó que la cifra exacta ascendía a 3 millones 24 mil pesos y acusó directamente al secretario general de haber dejado perder este beneficio al modificar de manera unilateral el esquema de revisión contractual correspondiente a los periodos de 2022, 2023, 2024 y 2025. “Lo único que puedo asegurar es que ese bono se perdió y eso afecta directamente a los trabajadores y a sus bolsillos”, señaló.

La contextualización de este conflicto resulta alarmante ante la revisión contractual que se encuentra actualmente en curso. El dirigente manifestó su profunda preocupación de que el sindicato encabece un emplazamiento a huelga careciendo de un comité que esté legalmente integrado, una falla estructural que podría invalidar legalmente los procesos de revisión salarial. “Si no está bien fundamentado un contrato colectivo y el comité, existe el riesgo de perder el contrato colectivo y con ello la relación obrero-patronal”, sostuvo, tras acusar que el secretario general utiliza viejas listas de asistencia de asambleas pasadas para simular actas y justificar decisiones arbitrarias.

Finalmente, Romero Martínez sostuvo que cuenta con todas las pruebas documentales necesarias sobre las irregularidades descritas. Ante un panorama que calificó como un ambiente de intimidación y miedo —donde se impide el acceso a las asambleas a las voces disidentes—, el líder sindical solicitó formalmente la intervención de las instancias gubernamentales. “Me gustaría que la alcaldesa, el Gobierno del Estado y hasta el Gobierno Federal se dieran cuenta de esta situación que está pasando en CMAS. Ya les impuso miedo a los trabajadores. El compañero no vino precisamente por temor”, concluyó.