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🚨 Denuncian Red de Corrupción en el ITESCO: Empresario Exhibe Desvío de Pagos y Facturación Irregular 📑

 

🚨 Denuncian Red de Corrupción en el ITESCO: Empresario Exhibe Desvío de Pagos y Facturación Irregular 📑

Tras una solicitud de transparencia, David Abdala Fernández revela que el instituto pagó más de 250 mil pesos a terceros por servicios de fotocopiado que él brindó con equipo propio. 🔍


En una conferencia de prensa que sacude las estructuras administrativas de la educación tecnológica en Veracruz, el empresario David Abdala Fernández, propietario de la firma Soluciones Integrales, denunció formalmente presuntos actos de corrupción y desvío de recursos en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO). El afectado señaló directamente a la maestra Lorena Martínez Cabrera y a Miguel Hernández Linares, actual director estatal del CONALEP, como los responsables de una operación irregular que impidió el pago legítimo por el arrendamiento de 14 equipos de fotocopiado durante el ejercicio 2025.

El conflicto escaló tras meses de evasivas por parte de la administración del plantel. Según Abdala, la exdirectora Martínez Cabrera sostuvo sistemáticamente que el instituto no contaba con los recursos para liquidar el adeudo. No obstante, mediante una consulta a la Plataforma Nacional de Transparencia, el denunciante obtuvo pruebas documentales que confirman que el ITESCO sí emitió los pagos correspondientes, pero estos fueron desviados hacia otros proveedores que no prestaron el servicio.

Evidencias de un Esquema de Simulación

El desarrollo de la irregularidad administrativa quedó documentado en facturas y registros oficiales exhibidos por el empresario. Los pagos se efectuaron mensualmente entre febrero y junio de 2025, con montos oscilantes entre los 95 mil y 120 mil pesos. La gravedad del caso aumenta al detectarse un doble cobro en el mes de mayo y una factura adicional emitida en julio, periodo en el que Martínez Cabrera ya no ostentaba la dirección del plantel.

"Ella argumentaba que no había cobrado los servicios y por eso no podía pagarme, pero la información oficial demuestra lo contrario", sentenció Abdala Fernández ante los medios de comunicación.

El origen de la prestación del servicio se dio bajo un acuerdo con Miguel Hernández Linares, basado en una relación de confianza. Sin embargo, el esquema cambió abruptamente cuando se le notificó al proveedor que la facturación no se realizaría a su nombre, sino a través de terceros, una maniobra que el empresario calificó como una flagrante irregularidad administrativa para ocultar el destino final del dinero.

Daño Patrimonial y Falta de Respuesta

Más allá del adeudo financiero, Abdala denunció un perjuicio físico a su propiedad. Al finalizar el periodo de arrendamiento y proceder al retiro de los dispositivos, el empresario constató que dos unidades no fueron devueltas y el resto presentaba daños técnicos considerables. A pesar de contar con sellos oficiales, firmas de responsables de área y conversaciones de WhatsApp que evidencian el reclamo del pago desde agosto del año pasado, la respuesta de las autoridades fue el silencio.

El denunciante, originario de Acayucan, Veracruz, reconoció no haber judicializado el caso de inmediato por confiar en la "buena voluntad" de los funcionarios involucrados, una decisión que hoy lamenta ante la aparente impunidad con la que operaron los señalados.

Llamado a la Acción Estatal

Hacia el cierre de su declaración, David Abdala hizo un exhorto directo a la gobernadora del estado y a los órganos de control interno para intervenir en el ITESCO. El empresario sugirió que la exdirectora podría estar gozando de protección política, dado el descaro con el que se ejecutaron los cobros indebidos.

"Si hablamos de que es tiempo de mujeres, que sean mujeres que representen un cambio real, impulsando la igualdad y combatiendo la corrupción. Esto es un acto grave que debe investigarse", concluyó.

El caso permanece abierto bajo la promesa del empresario de continuar con las acciones legales pertinentes para recuperar los recursos defraudados y garantizar que la documentación presentada ante la opinión pública sirva como base para una auditoría exhaustiva en la institución.


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