Ciudadano
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Constitucional del Estado.
Ciudadana
María Elisa Manterola Saiz, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado.
Señoras
y señores diputados.
Señoras
y señores.
En
esta fecha comparece el Gobernador para confrontar ideas y planteamientos con
los integrantes del Congreso, su presencia se debe a un acto voluntario y sin
que ninguna norma jurídica lo constriña, más aún: él mismo fue quien
formuló la petición que hoy se materializa; este acto debiera inscribirse, como
propio y habitual de una vida republicana y democrática plena, sin embargo, no
basta la forma para aprobar como republicano y demócrata al gobernador
compareciente, una dilatada serie de razones lo alejan de estos encomiables
adjetivos, y por ello, con la honrosa representación del Grupo Legislativo de
Morena en esta Legislatura me permito señalar, en forma respetuosa, las razones
del disenso:
I.
Ausencia de transición.
Con
independencia de los debates conceptuales sobre la transición, su idea
primigenia y mínima es la de pasar de un modo de ser a otro distinto, consumar
un cambio, reemplazar a los actores y prácticas indeseables del pasado, aplicar
sanciones a quienes violaron la ley, a los que desfalcaron los fondos públicos,
abusaron del poder y violentaron derechos humanos. Pues bien, todos estos
reclamos se encuentran vigentes en su exigencia, a pesar de la captura y
encarcelamiento del Gobernador anterior y algunos de sus colaboradores, el
valladar de la impunidad parece, hasta ahora, invencible e impide consumar el
cambio, ha faltado visión de estado, voluntad necesaria o, en el mejor de los
casos, capacidad para realizar la transición.
Los
veracruzanos votaron en el año 2016 por un cambio tangible del gobierno y así, con
las escasas reservas de confianza democrática, los ciudadanos acudieron a las
urnas exigiendo cambios de forma y de fondo, y hoy, a un año de ejercicio
gubernamental del ofrecimiento de transformación y de alternancia su gobierno
se desnuda como un instrumento de mercadotecnia electoral, y los hechos revelan
que no hay transición, ni voluntad política para ello, en ninguno de los tres
poderes del Estado, a saber: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; tampoco
existe transición en la frívola Fiscalía General del Estado.
Hoy
queda claro que no se tuvo nunca un método y una agenda posible para alcanzar
los ofrecimientos hechos, que se perdió la oportunidad de desenmascarar a fondo
las complicidades del régimen precedente con sus padrinos políticos en el poder
federal –sólo se amagó con cimbrar al país–, de recuperar sustantivamente lo
mal habido, de rendir cuentas claras, de aplicar una auténtica austeridad en el
gasto corriente, y de gobernar en la pluralidad. La transición de estado
requiere estadistas y no oportunistas electorales. El bono democrático se le
fue de las manos ciudadano Gobernador.
II.
Fracaso en materia de seguridad pública e incremento de la criminalidad.
Preservar
la vida, la libertad, la dignidad y el patrimonio de los ciudadanos es la
primera e ineludible responsabilidad de los gobernantes, a tal grado que, se
puede afirmar, que el gobierno que no sirve para preservar la vida de los
ciudadanos, no sirve para gobernar.
A
pesar haber sostenido en campaña electoral que recuperaría la seguridad y la
tranquilidad para los veracruzanos en un plazo de seis meses, a partir de su
arribo al gobierno, vencido por partida doble ese plazo, las cifras resultan
escalofriantes: no sólo estamos muy lejos de recuperar una vida cotidiana
medianamente segura, sino que, al contrario, durante su mandato se alcanza un
record criminal histórico en los últimos veinte años, pues al compararse la
numeralia de delitos de alto impacto del fuero común, en los peores años de
cada administración anterior a la suya tenemos que, con Fidel Herrera Beltrán presentó 6,056
actos delictivos; con Javier Duarte de Ochoa sumó 8,709 actos delictivos y, en los
primeros once meses de su gobierno 9,461 actos delictivos.
Ciudadano
Gobernador, como dijo una de mis compañeras diputadas, estos datos no son sólo
números, son personas, familias, comunidades afectadas por la incapacidad de su
gobierno de brindar una seguridad publica mínima, esto a pesar de que usted
afirmó tener, y ahora citó: “…la experiencia suficiente para lograrlo y la
mano dura para actuar en contra de los delincuentes”. Nos negamos a
imaginar cómo estaríamos de no tenerla.[1]
Pasando
a la visión de seguridad pública de su gobierno, merece recordarse que su
Secretario, el Licenciado Jaime Téllez Marié vino a este Congreso a sostener
una tesis impresentable, al afirmar que las muertes de los criminales no le
interesan, que los enfrentamientos entre bandas criminales no le preocupan.
No
atender las muertes de presuntos criminales es, por decirlo suavemente, una
visión primitiva y bárbara del problema, que menosprecia los “daños
colaterales” consistentes en la muerte de inocentes como los menores de edad
ejecutados despiadadamente en Coatzacoalcos, o el hecho de que 5, de 11
ejecutados y abandonados en Boca del Río, no tenían antecedentes criminales, o
las incontables muertes de jóvenes, adolecentes muchos de ellos.
Cuando
se califica de primera intención como criminales a todos los ejecutados, usted
sabe, al igual que su Secretario del ramo, por su formación jurídica, que se
atropella e ignora el principio de presunción de inocencia y, con ello, una
disposición expresa de la Constitución Federal y derecho fundamental en nuestro
país, pésele a quien le pese.
¿Usted
avala ciudadano Gobernador esa posición del Secretario Téllez Marié? ¿No es
necesario rectificar e instrumentar una política de atención a la juventud y de
crecimiento económico para prevenir ilícitos?
Es un error reducir la seguridad pública
a un asunto policiaco, se requieren, para resultados eficaces, que el poder
público se ciña, sin ambages, a la ley que a todos obliga, y dotado de
fortaleza institucional, y autoridad moral, encabece la lucha contra el crimen,
exento de funcionarios venales y agentes policiacos corruptos. Sin
estas condiciones el hacer y el quehacer en esta materia seguirán siendo –como
hasta ahora– el de un minotauro perdido en su laberinto.
III. Acción electoral disfrazada de
política social.
Si se
compara su programa central para el desarrollo social, “Veracruz Comienza
Contigo” con el “Programa Adelante” de Duarte de Ochoa, las similitudes revelan
casi un plagio en los aspectos centrales de ambas estrategias: en los objetivos,
los ejes rectores, el empadronamiento, las fuentes de financiamiento, la
coordinación interinstitucional, la evaluación, las reglas de operación, e incluso
las formas de participación ciudadana.
El
periódico El Universal,[1]
y la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA)[2], revelan
y develan la entrega de la operación del programa insignia del gobierno del Estado
en desarrollo social al PAN. ONEA, también señala 2,419 personas[3],
con nombres y apellidos, de funcionarios contratados por la SEDESOL estatal de diciembre
de 2016 a 10 de septiembre de 2017.
Al
comparar la información proporcionada por ONEA y el portal de transparencia de
SEDESOL estatal, hemos podido identificar, como funcionarios de “Veracruz
Comienza Contigo”, centenares de militantes panistas y perredistas.
En un
insólito alarde de sinceridad el diputado Sergio Hernández, coordinador del
Grupo Legislativo panista en este Congreso, reconoció ante la prensa que es
natural que la Secretaría de Desarrollo Social contrate a panistas y
perredistas para la operación de sus programas, que el PRI, también lo hacía,
validando con esta declaración la información proporcionada por ONEA.
En la
supuesta política social de los gobernadores Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes
subyace la misma intención: ganar las elecciones, no importando que para ello la
política social se reduzca a entregar despensas y se utilice la pobreza y la
marginación como caldo propicio para subyugar, mediante programas sociales, la
intención del voto.
Lo
anterior se acredita empíricamente porque fue en los más de 100 municipios
ganados en la pasada contienda electoral por la coalición que en su momento lo
postuló a gobernador, donde fueron direccionadas el 60% de las afiliaciones de
beneficiarios al programa “Veracruz Comienza Contigo”.
La
Secretaría de Desarrollo Social de su gobierno, se comporta plenamente como
área de acción electoral de la coalición PAN-PRD, pues así se evidencia con sus
centenares operadores panistas y perredistas. Sobresale en esto la denuncia,
del Presidente Municipal de Llamatlán el día de ayer, ante los medios
informativos. En este escenario, bien podriamos estar en presencia de violencia
institucional contra los veracruzanos mas desprotegidos y en pobreza, Morena
promoverá, en su caso, las medidas precautorias de observación, las denuncias
legales y las acciones políticas pertinentes.
Gobernador:
pudo usted pasar a la historia como un hombre de Estado, con miras más altas
que intereses políticos de corto plazo, pudo ser el gobernador de la transición
democrática en Veracruz, trate de hacerlo, aún le queda un año para intentarlo.
En
nombre de los veracruzanos que representamos, el Grupo Legislativo de Morena,
le demanda con respeto, pero con firmeza, que cumpla con su obligación
constitucional de gobernar para todos y apegado a la Constitución y sus leyes,
como lo juramentó.
Muchas
gracias por su atención.
[1]
Yunes. Entrega al PAN programa Social. http://www.eluniversal.com.mx/estados/yunes-entrega-al-pan-programa-social
consultado el 26 de noviembre de 2017
[2] Yunes
entrega al PAN operación de programa social, http://oneamexico.org/2017/11/20/yunes-pan-programa-social/,
consultado el 26 de noviembre
[3] Lista
de funcionario contratados en SEDESOL: http://oneamexico.org/wp-content/uploads/2017/11/INGRESOS-DEL-1-DICI-2016-2-1.xlsx
rescatado el 26 de noviembre de 2017.
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