Prosa aprisa
Atemoriza atropello de la Fiscalía
Arturo
Reyes Isidoro
El
desencanto con el actual gobierno panista porque no resultó lo que los
veracruzanos esperaban se convirtió ayer en motivo de gran preocupación por el
grave atropello que cometió la Fiscalía General del Estado al detener en forma
arbitraria y con total abuso de autoridad a siete ingenieros de la zona
conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín por la sola presunción de un presunto
ilícito con tufo de persecución política contra una funcionaria municipal del
puerto jarocho.
Lo
ocurrido es acaso el atentado más grave contra reconocidos ciudadanos ocurrido
hasta ahora, que descalifica ante propios y extraños a la administración
yunista por una decisión ilegal de quien tiene la obligación de contribuir a la
seguridad de los veracruzanos, el fiscal Jorge Winckler Ortiz, quien le ha
asestado el más duro golpe al gobierno al que sirve al dejar la impresión de
que se ha convertido en un régimen persecutorio.
Sólo
la decisión de un juez, que actuó con independencia, logró que las víctimas
recobraran ayer su libertad y evitó que continuara el atropello, que levantó
una ola de protestas y que amenazaba con extenderse dada la reconocida calidad
ciudadana de los ingenieros.
Presume delito y hace detenciones
arbitrarias
El
martes, la Fiscalía General del Estado mediante un boletín de prensa informó
que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales había abierto una carpeta
de investigación por la probable comisión de un delito en materia electoral.
El
“ilícito” consistió en unas fotografías que se publicaron en las que se observaba
la presunta descarga de despensas de un camión de volteo en la vivienda de la
Directora de Servicios Públicos Municipales del puerto de Veracruz, Fabiola
Balmori Durazzo, en el municipio de Medellín, ante lo que la Fiscalía presumió
que estaba “acumulando y resguardando en su domicilio particular bolsas y paquetes
que pudieran ser despensas”, como si eso fuera un delito.
Por
ello, sin ninguna órden de un juez calificado, policías ministeriales se
presentaron en el domicilio de la funcionaria municipal donde les dio la cara
su esposo el ingeniero Juan Antonio Pinilla Rodríguez, presidente del Colegio
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Veracruz, quien les confirmó
que sí eran despensas y que iban a ser llevadas a la Cruz Roja para
entregárselas a los afectados por los sismos.
Por
lo que se publicó en los medios, les explicó que miembros del Colegio de
Ingenieros habían quedado de reunirse en su casa donde tenían las despensas
porque en su local no cabían, así como para evitar que se las robaran. En
respuesta fue detenido junto con otros seis compañeros suyos pese a que no se
les probaba ningún delito ni había una orden de aprehensión girada por un juez.
Acusan persecución política
Otro detenido fue el ingeniero Gerardo
Zárate, cuya hija, Sabrina Zárate Sáenz, en una carta y en un video que
difundió a través de las redes sociales, expuso la noche del mismo martes: “A todos mis amigos y conocidos.
La mayoría de ustedes conocen a mi
padre, un ingeniero jubilado de Pemex, que con su esfuerzo ha sacado adelante a
su familia.
Él pertenece al colegio de ingenieros
eléctricos de Veracruz, es el secretario de la mesa directiva. Ante la
contingencia, el grupo de ingenieros se organizó y recolectó víveres para
entregarlos a la Cruz Roja de Veracruz.
Las bolsas con víveres fueron armadas en
el Frac. Las Palmas de Medellín de Bravo, en la casa del presidente de la
asociación de ingenieros electricistas.
Cada uno de los integrantes puso su
camioneta para trasladar las despensas, que ellos con su dinero compraron y
armaron.
Cuando estaban a punto de salir a
entregarlas un grupo de ‘ministeriales’ se llevaron al presidente del colegiado,
así como las camionetas y a mi papá sin una orden judicial. Sólo con pistola en
mano”.
Acusó: “Este es un caso de
persecución política muy, muy clara porque la verdad el colegio de ingenieros
de Veracuz lo único que ha hecho son las dictaminaciones de uso de suelo, ir a
las escuelas que no haya grietas así como ver que todo se encuentre en buen
estado y se han organizado para ver cómo iban a donar a la Cruz Roja”.
Se alzan voces de
protesta
En la madrugada de ayer miércoles, el Colegio de
Ingenieros Mecánicos Electricistas y Ramas Afines del Estado emitió un
documento firmado por el doctor Felipe Rodríguez Valdés, tesorero y miembro del
Consejo de Honor y Justicia del organismo, quien expuso: "Es inaudito lo que sucede en Veracruz, en donde los cuerpos
policiacos y de justicia andan deteniendo la ayuda a los damnificados y no a
los delincuentes que día a día atentan en contra de la seguridad de los
veracruzanos". Dijo que la detención era “a todas luces ilegal”.
Aseguró que los apoyos eran de los
socios del Colegio: "… que recaudamos de la ciudadanía y de aportaciones
de cámaras empresariales y de empresarios que se han solidarizado con las
personas afectadas por los desastres naturales".
Por
supuesto, expresó la molestia de todos los socios por la arbitrariedad de la
Fiscalía: “no puede ser que manden un operativo de 40 policías para detener a
gente profesionista, a ingenieros que lo único que quieren es ayudar, cuando lo
que debe de hacer el gobierno es andar detrás de los delincuentes, de los asaltantes,
para disminuir la violencia que vivimos”.
A la
protesta se sumó también la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos
Electricistas, Electrónicos y Ramas Afines de la República Mexicana, A. C.,
mediante un documento fechado en Tijuana, Baja California, firmado por su
presidenta María Elena Simental Parra y el secretario Roberto Ruelas Gómez.
Éstos
confirmaron que sus compañeros trasladaban víveres para los damnificados, que
serían entregados a la Cruz Roja, y dijeron que los colegios son apartidistas y
sin fines de lucro, “y los ingenieros… fueron detenidos como si fueran
delincuentes”. Pidieron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que
interviniera para que fueran liberados, “ya que son profesionistas con una
respetable trayectoria…”.
Pero
también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del puerto, José
Manuel Urreta Ortega, salió en defensa del ingeniero Pinilla Rodríguez.
“El estado de Veracruz vive momentos
muy complicados, lo seguimos viviendo como para que nos pongamos a tratar de
darle tintes políticos al tema, eso no lo debemos hacer. Estoy convencido de
que Juan Antonio Pinilla es un buen hombre, es un hombre íntegro y todos los
colegiados que detuvieron junto con él. También están tratando de hacer algo
por México, aportar algo por México y es muy lamentable lo que sucedió”.
Recordó
que el CCE se sumó al acopio de víveres y herramientas de rescate para apoyar a
los damnificados por los sismos.
En cambio, no
actuó contra panistas confesos
Grave
lo ocurrido. La
policía ministerial, en lugar de estar combatiendo a la delincuencia que ahoga
en un baño de sangre toda la geografía estatal, se dedica a detener y encarcelar
a ciudadanos que no han cometido ningún delito, sólo por la presunción del
fiscal Jorge Winckler Ortiz,de que estarían cometiendo un delito electoral
¡cuando no hay campañas, ni candidatos!, sino desgracias de miles a causa de
dos terribles sismos que sacudieron al país en el mes que termina.
El atropello pudo haber sido con toda
intención para atemorizar a los actores políticos que participarán en el
proceso electoral de 2018.
En cambio, nada hizo ante la confesión de
funcionarios panistas de Coatzacoalcos de que eran los autores del reparto de
despensas con propaganda yunista, lo que se corroboró con fotografías y videos,
por lo que, qué duda cabe, ha partidizado ya la procuración de justicia en
Veracruz.
Decepcionante
Lo
tomo y lo transcribo directamente del diario Notiver, del puerto de Veracruz (referencia para los lectores del
resto del Estado). En la página 2 de la edición de ayer miércoles publicó el
siguiente texto, que ilustró con la fotografía de la denunciante:
“Hablando
de las redes sociales, tremenda carta que desplegó una maestra de nombre Rita
Isabel Garza Reyes, de Poza Rica, al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares: ‘ya
dejamos de creer en usted y perdimos toda la confianza en su gobierno. Y cuando
la fe y la esperanza se pierden, no queda nada’… Expone su caso, con 33 años de
docente y actualmente supervisora escolar, revela estar enferma de cáncer y que
por sus quimioterapias se ha tenido que ausentar por periodos, actualmente es
supervisora escolar en el municipio de Tantoyuca, por lo que en abril le
informó directamente al Secretario de Educación de sus terapias: ‘y oh sorpresa
de inmediato suspendieron mis pagos. Señor gobernador estoy enferma, tengo cáncer
y su gobierno en actitud inhumana, criminal e ilegal suspendió mis pagos como
supervisora de la SEV. No pido caridad institucional ni ninguna otra limosna.
Exijo a usted se conduzca de acuerdo a derecho, al que está obligado y ordene
inmediatamente al licenciado Enrique Pérez libere mi salario, yo mientras tanto
seguiré trabajando a favor de la niñez, esos niños son, necesariamente los que
nos han de relevar a usted, y naturalmente a mi... taca”.
Decepcionante,
sin duda alguna. Ese no era el cambio que esperaban los veracruzanos. Qué más
se puede decir. El texto habla por sí solo.
0 comentarios:
Publicar un comentario