Se pronunciaron en contra de que el Congreso Local no ha modificado el código penal sin analizar la iniciativa que pretendía ampliar las causales para la interrupción legal del embarazo, y afirmaron, eso representa el desinterés por generar condiciones para la salud reproductiva y la vida de las veracruzanas, señaló, Grisel Ortega Méndez, integrante del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Al respecto, denunció que con lo anterior se omitieron las recomendaciones del Grupo de Trabajo que conformó la Conavim e incumplió el indicador principal del informe de la Alerta de Violencia de Género por agravio comparado.
"La decisión legislativa de rechazo a la iniciativa de reforma al código penal, es violatoria de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos que instan a generar reformas legislativas que permiten garantizar el acceso a servicios especializados de salud, incluyendo la Interrupción Voluntaria del Embarazo, considerando 12 semanas y excluyentes de responsabilidad penal".
Afirmó que hay un grave desconocimiento de lo que significa el acceso a servicios para la interrupción legal del embarazo, lo que quedó evidenciado en las mesas de trabajo que se desarrollaron con diversas autoridades de todos los poderes y órdenes de gobierno.
La activista sostuvo que los legisladores no tomaron en cuenta las consideraciones del Grupo de trabajo, que exhibieron que la normatividad vigentes es discriminatoria, restrictiva y transgresora de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres.
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